Ante la falta de vivienda, algunas familias han optado por buscar una alternativa montando su hogar en autocaravanas. El Ayuntamiento de Palma de Mallorca ha prohibido a través de una ordenanza municipal que se pueda vivir en estos vehículos y todo aquel que lo incumple se enfrenta a multas de hasta 1.500 euros.

Los asentamientos de caravanas han crecido en los últimos años por el aumento de los precios del alquiler. Por ello, la oposición considera que esta medida persigue a personas en situación de vulnerabilidad.

Diferentes colectivos de activistas por el derecho a la vivienda, de usuarios de caravanas y de artistas callejeros se concentraban la mañana de este jueves 30 de enero frente al Ayuntamiento de Palma para clamar contra la ordenanza para fomentar la convivencia cívica después de que el texto haya recibido el primer visto bueno del pleno municipal.

La iniciativa fue sometida a votación en el pleno municipal y recibió los apoyos de los regidores del PP y de Vox --y el rechazo de la oposición--. Por eso, una veintena de representantes de estas entidades se congregaban para exponer su malestar ante determinadas medidas que contempla el documento.

Entre otros, algunos de los puntos de la ordenanza que más rechazo ha generado entre las entidades ciudadanas son los relativos a las sanciones para limitar el uso de autocaravanas como viviendas o la actividad de artistas callejeros.

"Hay que poner cordura a esta barbaridad. La ordenanza es recaudación, recaudación y recaudación, y la ciudadanía necesita prevención, no a base de multas", manifestaba la portavoz de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) de Mallorca, Ángela Pons.

La activista por el derecho a la vivienda, en concreto, hacía referencia a dos documentos del Ministerio del Interior y de la Dirección General de Tráfico (DGT) que, según su valoración, chocan con el contenido de la ordenanza cívica relativo a las sanciones por residir en una autocaravana.

Éstas contradicciones las han plasmado en un documento con argumentos jurídicos que, ha indicado Pons, presentarán durante el periodo de alegaciones que se abrirá a partir de la aprobación inicial de la ordenanza en el pleno de Cort.

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