Novedades en el 'caso Juana Rivas'. El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Granada ha rechazado la inhibición del Juzgado de Instrucción 4 para que se quedara con la causa, así como adoptar medidas de protección para el hijo menor de Juana Rivas, según consta en los autos dictados este pasado jueves.

De esta forma, el juzgado de Violencia devuelve el procedimiento al Juzgado de Instrucción 4 de Granada al considerar que no es competente en este causa, si bien las medidas cautelares adoptadas por este último el pasado martes, en funciones de guardia, se mantienen y el menor permanecerá en España hasta que el asunto se resuelva.

Desde el equipo jurídico de Juana Rivas recalcan que ante un posible conflicto negativo de competencia --ningún órgano se declara competente para resolver-- la situación actual de medida de protección del menor en España se prolongaría varios meses.

"Daniel se queda aquí y seguiremos luchando incansablemente para que esa decisión provisional se convierta en definitiva. Y mientras diferentes tribunales españoles e italianos siguen discutiendo sobre a quién le corresponde decidir, Daniel que ya está escolarizado en España, celebrará el sábado su undécimo cumpleaños en la casa en la que quiere estar y con quien quiere estar", señalan los abogados de Juana Rivas.

Además, el equipo jurídico de Juana Rivas ha lamentado este viernes que el caso en relación a su hijo pequeño haya entrado en un "conflicto de competencias" entre juzgados sobre quién debe resolver la petición de medidas de protección para evitar que regrese a Italia con su padre, que tiene la custodia y está siendo investigado en su país por presuntamente maltratarle. Hasta que el asunto se resuelva, el menor permanecerá en España al seguir vigente la suspensión provisional de entrega a su progenitor adoptada el pasado martes por el juzgado de guardia.

Por su parte, el Ministerio de Igualdad ha subrayado que España tiene la obligación legal de proteger y amparar al menor y de actuar con la diligencia debida para garantizar su interés superior. Ante "la indeterminación o discrepancias sobre cuál es el órgano judicial en España para decidir sobre la situación del hijo pequeño de Juana Rivas y el riesgo de que tenga que regresar a Italia con su padre", el departamento gestionado por Ana Redondo ha destacado que "siempre debe prevalecer el interés superior del menor".

En un comunicado, la ministra de Igualdad ha insistido en que este interés superior "consiste en escuchar al hijo de Juana, tener en cuenta su opinión, garantizar su seguridad e impedir que conviva con un maltratador".

La ministra de Igualdad ha señalado que los juzgados especializados de violencia sobre la mujer pueden y deben proteger al menor si se entiende que hay violencia de género y/o vicaria, al tiempo que los juzgados de familia o de instrucción deben hacer lo propio si se entiende que hay violencia doméstica.

España está obligada a ello por el Convenio de Estambul y por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Redondo ha recordado asimismo el reglamento del Consejo de la UE que deja abierta la puerta a denegar el reconocimiento de una resolución de otro estado en materia de responsabilidad parental si la misma fuera manifiestamente contraria al orden público y a que la competencia judicial corresponda al país donde está el menor siempre y cuando exista un problema de este tipo, entendiendo el orden público como el orden constitucional en el que se deben respetar los derechos.

El menor llegó a España el pasado 22 de diciembre con un permiso especial para visitar a su madre y a su hermano, que vive con ella desde que cumplió 18 años.

Estas vacaciones han servido para formalizar varias denuncias en las que Juana Rivas ha vuelto a acusar a su exmarido de violencia machista.

Además, el menor ha relatado, según el equipo jurídico de Rivas, que Arcuri lo ha sometido a episodios reiterados de malos tratos y que teme volver con él a Italia después de haber contado en España la violencia que sufre.

Juana Rivas fue condenada a cinco años de prisión por dos delitos de sustracción de menores por desaparecer con sus hijos, en el verano de 2017, para evitar que volvieran con su expareja, al que denunció por maltrato.

El Supremo estimó parcialmente el recurso de esta vecina de Maracena y le rebajó la pena a la mitad al considerar que, aunque fueron dos los menores sustraídos, cometió un único delito.

Rivas recibió un indulto parcial por el que el Supremo conmutó su condena firme por 180 días de trabajos en beneficio de la comunidad y un curso de parentalidad positiva, medida de gracia que no eliminaba sus antecedentes en la justicia italiana. 

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