La Ley de Dependencia ha cumplido su mayoría de edad, ya tiene 18 años. Convertir la atención a personas dependientes en un derecho fue todo un hito. Pero la realidad es que la Ley no siempre se cumple, porque no se la dota del presupuesto necesario. Sufrió con los recortes del Gobierno de Rajoy, en 2012 y 2013, que dejó la Ley casi sin efecto.

En 2021, el Ejecutivo de Sánchez puso en marcha un plan de choque, que ha aportado 4.000 millones de euros entre comunidades autónomas y Gobierno central; puesto que los gobiernos autonómicos están obligados a aportar financiación en la medida en que lo haga el Gobierno. Pero esta situación se truncó en 2024, con la prórroga de los presupuestos que no recogieron esta partida. Por eso, es imprescindible que se aprueben los presupuestos de 2025 y que se dote de nuevo a la Ley de financiación, porque son 295.000 las personas que están ahora en la lista de espera.

La media de espera supera los 300 días y varia mucho según las comunidades autónomas. Entre las mejores Castilla y León y Navarra y, entre las peores, Canarias y Murcia. Además, desde la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales se demanda que los servicios no sean “low cost” y se pone en valor el retorno de la inversión.

Por cada millón de euros, se generan 41 puestos de trabajo directos y estables y más del 40% de lo que gasta el Estado en la dependencia le es devuelto vía impuestos. Sólo en 2024 esta cifra supone más de 3.500 millones de euros. Y más allá de las cifras está la realidad de las personas dependientes y su sufrimiento, la realidad de sus familias, como nos ha explicado Alicia, que está enferma por fibromialgia y a quien la polio la dejó en una silla de ruedas. Personas que han visto reconocido un derecho, pero que viven para reivindicarlo, peleando a pesar de su situación de dependencia. Para reducir las listas de espera y bajar una cifra terrible: en 18 años, 900 mil personas dependientes han muerto en las listas de espera, sin ver cumplido su derecho. Desde que entró en vigor, la Ley ha atendido a casi 3,7 millones de personas dependientes.  

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