Cae una banda de estafadores que vendía perros en internet que no entregaban a los compradores
La banda ofrecía perros a través de internet con un precio de 500 euros, pero tras recibir el dinero no entregaban el animal
La organización criminal, que operaba desde Colombia, ha obtenido más de 35 millones de euros en transacciones con criptomonedas, tras las estafas cometidas
Hay 28 arrestados y 30 investigados en esta macrooperación conjunta entre la Guardia Civil, la Interpol y la Policía de Colombia
La Guardia Civil ha desarticulado una red criminal internacional que estafó en España a 250 personas, a través de estafas de ventas de animales de compañía. En la operación conjunta con Interpol y la Policía Nacional de Colombia han sido detenidas 28 personas entre España y el país latinoamericano, desde donde operaban los delincuentes.
Al grupo criminal se les atribuye 681 delitos, aunque las investigaciones continúan abiertas y podrían alcanzar el millar, según ha informado el Instituto Armado. Los estafadores obtuvieron en tres años más de 35 millones de euros en transacciones con criptomonedas y tres millones de euros en efectivo, que movieron en España.
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El operativo ha permitido a la Benemérita esclarecer un total de 681 hechos delictivos: 335 estafas, 158 usurpación de estado civil, 95 falsificación de documentos, 33 amenazas, 60 blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
La operación Canmoney comenzó tras una denuncia por estafa
La operación, Canmoney', se inició tras una denuncia por estafa, tras pagar por la compra de una mascota que nunca llegó a recibir. El dinero obtenido de las estafas era ingresado en cuentas bancarias y, posteriormente, convertido en criptomonedas para ser transferido a cuentas de la organización.
Las estafas se centraban en la supuesta venta de perros de compañía ofertadas por unos 500 euros a través de diversos portales de compraventa. Para ganar la confianza de las víctimas, los estafadores enviaban documentos de identidad usurpados, previamente obtenidos de otras personas estafadas.
Tras recibir el primer pago, los presuntos vendedores exigían un segundo pago y si la víctima se negaba, era amenazada de muerte mediante mensajes o llamadas telefónicas. Las amenazas incluían imágenes intimidatorias de armas de fuego, para asegurar que la víctima realizara el pago del transporte.
Las primeras investigaciones culminaron con la detención de un implicado en la provincia de Valencia, que fue el arranque de esta macro investigación.
Las criptomonedas eran empleadas como una "herramienta estratégica" para dificultar la detección de los fondos ilícitos por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, facilitando al mismo tiempo su integración en el sistema financiero legítimo. Un "punto clave" de la investigación fue la implicación del propietario de un locutorio, quien aprovechaba su actividad laboral y conocimiento del sector para actuar como testaferro en España, detalla la Guardia Civil.
Tanto el dueño como su pareja, ingresaron unos tres millones de euros mediante cajeros automáticos distribuidos en diversas provincias españolas. Estos fondos eran posteriormente convertidos en criptomonedas y enviados a cientos de direcciones de criptomonedas, dificultando su rastreo.
La banda criminal tenía miembros en España y Colombia
La organización tenía a diferentes personas ubicadas en España y Colombia, que se encargaban de la apertura de cuentas bancarias donde depositaban el dinero procedente de las estafas. En un segundo escalón, los miembros se encargaban de recepcionar el dinero, convertirlo en criptomonedas y depositarlo en direcciones de criptomonedas descentralizadas.
Estas eran operadas a su vez por miembros de la organización ubicados en Colombia y Camerún y eran estos últimos los principales líderes.
En los 12 registros practicados --nueve en España y tres en Colombia-- se han confiscado los teléfonos móviles que habían sido utilizados para cometer las estafas y mantener contacto con las víctimas. También se han incautado propiedades, vehículos, ordenadores, máquinas contadoras de billetes, dispositivos móviles e informáticos, dinero en efectivo, billeteras frías, criptomonedas, armas de fuego ilegales y documentación relacionada.
La Guardia Civil ha llevado a cabo la operación con la DIJIN (Dirección de Investigación Criminal) de la Policía Nacional de Colombia e Interpol, el Centro Cibernético Policial y la Oficina Nacional de la Dirección de Investigación Criminal de Interpol de la Policía Nacional de Colombia, así como con Europol.
Las víctimas han sido identificadas en 43 provincias de la geografía española: Zaragoza, Badajoz, Castellón, Madrid, Córdoba, Huesca, Jaén, Logroño, Cantabria, Sevilla, Toledo, Valladolid, Cáceres, Vigo, Vizcaya, Valencia, Barcelona, Granada, Almería, Huelva, A Coruña, Albacete, Asturias, Navarra, Murcia, Alicante, Pontevedra, Guadalajara, Girona, Ceuta, Burgos, Orense, Palencia, Málaga, Álava, Ciudad Real, Cádiz, Cuenca, Zaragoza, Tenerife, Tarragona, Islas Baleares, Las Palmas y Zamora.
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