La Fiscalía General del Estado está preocupada por cómo los mutuos acuerdos pueden hacer "mucho daño" a las víctimas de violencia de género, que "renuncian a mucho" en un contexto de gran desequilibrio con el agresor, por lo que estima conveniente abrir un debate sobre esta cuestión.

La fiscal de sala delegada de violencia sobre la mujer, Teresa Peramato, que acaba de ser propuesta para fiscal de sala jefa de la sección penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo, explica en una entrevista con EFE que se están produciendo acuerdos "muy desventajosos para las víctimas".   

"La Fiscalía es consciente, y la Abogacía también, de que en las conformidades, en los mutuos acuerdos civiles, las víctimas renuncian a mucho. Renuncian a pensiones compensatorias a las que hubieran tenido derecho de ir a un contencioso, a pensiones alimenticias en favor de sus hijos, a la adjudicación del domicilio, a que el individuo en cuestión pague la parte alícuota de la hipoteca. Se renuncia a muchas cosas y eso está perjudicando claramente a las víctimas de violencia de género", indica.

"Aceptan regímenes de visitas que no hubieran aceptado de haber podido demostrar el daño que se hace a sus hijos, pero se aceptan porque tienen presión, porque tienen miedo, porque están amenazadas, porque no soportan la situación. Y a mí eso me preocupa muchísimo y tenemos que debatir sobre si el mutuo acuerdo en los procedimientos civiles de familia en violencia de género es un recurso apropiado para proteger a los niños y niñas y a sus madres", continúa.

Son muchos los mutuos acuerdos que se dan en el contexto de la violencia de género, precisa Peramato.

El pasado abril, las pequeñas Elisa y Larisa, de 2 y 4 años, fueron asesinadas por su padre en Alboloduy (Almería) durante un régimen de visitas. Las niñas y su madre habían estado en una casa de acogida para protegerse del agresor, que tenía una orden de alejamiento de la mujer.

Sin embargo, en el juicio oral, se acordó un mutuo acuerdo con visitas a pesar de que la mujer "había sido sometida a unas violencias tremendas".

"¿La víctima estaba en condiciones de asumir ese pacto? En una situación de desequilibrio tan grande, ¿las mujeres están en disposición de tomar libremente una decisión para un pacto de esta naturaleza? ¿O llegan a un acuerdo porque no les queda otro remedio, porque están presionadas, porque tienen miedo? Tenemos que someter a debate esta situación", asevera Peramato.

La fiscal señala que, si bien el mutuo acuerdo no es un recurso que se deba suprimir porque "no todas las víctimas son iguales", hay que permitir que se abra un cauce procesal para que fiscales pidan todas las pruebas necesarias para saber si ese pacto se adecua al interés superior del menor, a la seguridad de los menores y de sus madres.

"En tanto no tengamos esa perspectiva, el mutuo acuerdo puede hacer mucho daño a las víctimas", incide.

Peramato es favorable a que el ministerio público emita una circular para que los fiscales trabajen las conformidades poniendo en el centro a las víctimas, pero además contando con ellas, entrevistándose siempre con ellas, nunca a sus espaldas.

Otra de las cuestiones que preocupan a la experta es que no todas las víctimas de violencia de género en España tienen el mismo acceso a la justicia especializada.

Sólo el 63 % de las víctimas lo tiene, frente a un 37 % que no puede acceder a órganos judiciales especializados. Mientras en la Comunidad de Madrid o la Comunitat Valenciana están por encima del 87 %, en Castilla y León y Galicia no llegan al 30 %.

"El Ministerio de Justicia tiene que tener en cuenta estas carencias para dar un empujón a la especialización, para que todas las víctimas tengan el mismo acceso, con independencia del territorio en el que vivan, a una justicia especializada", solicita.

También estima necesario realizar un estudio cualitativo para analizar por qué en algunas comunidades autónomas no se conceden ni un 35 % de las órdenes de protección solicitadas, mientras que en otras se llega casi al 90 %: "Resulta muy difícil entenderlo. La respuesta es muy desigual y es preocupante".

De cara a la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en el Congreso de los Diputados, la Fiscalía ha solicitado reformas penales y procesales, una de ellas para que se modifiquen las competencias de los juzgados de violencia sobre la mujer con el fin de incorporar los procedimientos civiles que afectan a las víctimas, incluidas las madres de menores asesinados en crímenes vicarios.

Otra es que se puedan acordar medidas cautelares e imponer órdenes de alejamiento a los agresores que quebranten las medidas penales. Asimismo, se ha pedido tipificar las distintas formas de violencia económica y digital contra las mujeres.

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