El caso de Juana Rivas vuelve a la actualidad. La justicia italiana ha decidido procesar a Francesco Arcuri, su exmarido, por presunto maltrato a sus hijos. Gabriel, el mayor, de 18 años, vive en España con su madre y ha denunciado el peligro en el que se encuentra su hermano menor, Daniel, que vive con su padre en Italia. Rivas fue condenada a penas de cárcel por fugarse con sus dos hijos en el verano de 2017 y objeto de un indulto parcial por parte del Gobierno de España.
Por primera vez, Franceso Arcuri se enfrenta a una causa penal. La Fiscalía italiana, como decíamos, le acusa de maltratar a sus hijos y detalla la violencia que empleó contra ellos: golpes contra la pared, bofetadas, los estrangulaba, los insultaba diciéndoles que eran "gusanos asquerosos como su madre" y que no valían nada y les amenazaba con cortarles los dedos si lo contaban.
Según el escrito de la fiscalía sobre los hechos que investiga y al que ha tenido acceso el portal web de Informativos Telecinco, los insultos "a veces se los decía escupiéndoles a la cara" y les imponía "severos castigos, como encerrarlos durante horas en una habitación sin comida, u obligarlos a dormir en el suelo". E incluso se describen amenazas de muerte.
Los abogados de Rivas reclaman que se retire a Arcuri la custodia de Daniel, como hubiera ocurrido en España. "Que se tomen medidas para proteger a Daniel, porque su padre, que es con quien ahora mismo se encuentra y tiene su custodia, ha sido procesado por un delito de maltrato", ha subrayado María Martos, letrada de Aranguez Abogados. En dos días, el pequeño Daniel será escuchado en una vista oral.
Su hermano Gabriel, muy preocupado, ha pedido ayuda por escrito a la justicia italiana, así como a viva voz por primera vez. Asegura que su padre es un "maltratador" y que su hermano "tiene miedo". Él habla porque ya es mayor de edad y ha vivido el infierno que ahora vive solo su hermano de 10 años: "Se siente en riesgo de muerte. Yo me he sentido en riesgo de muerte. Y yo mi reflejo lo veo en él". Francesco Arcuri puede enfrentarse a siete años de prisión.
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