El caso de Juana Rivas vuelve a estar de actualidad. Esta semana, se ha conocido que la justicia italiana investiga a Francesco Arcuri por presunto maltrato a sus hijos. El mayor, Gabriel, de 18 años, vive con su madre desde hace años y ha pedido ayuda para su hermano menor, Daniel, que sigue viviendo en Italia con su padre, a quien el joven describe como un "maltratador".

El próximo 6 de diciembre tendrá lugar la repetición del juicio que le negó a la mujer de Granada la custodia de su hijo menor, quien declarará en una vista oral para tratar los presuntos malos tratos del progenitor. Repasamos la cronología del caso.

Juana Rivas y Francesco Arcuri se conocieron en Londres en 2004. Allí convivieron dos años, hasta que en 2006 decidieron trasladarse a Granada, donde pasaron juntos otros tres años. Porque en 2009 fue cuando estalló el conflicto en la pareja; Juana Rivas denunció a Francesco por distintas lesiones en una mano que sufrió supuestamente durante una disputa entre ambos. Poco después, tras un acuerdo judicial, el juez encargado del caso condenó a Arcuri a tres meses de prisión y a una orden de alejamiento de un año y tres meses. Arcuri siempre ha mantenido que aceptó el acuerdo para solucionar el enfrentamiento con su pareja, aunque se arrepintió de haberlo firmado.

Francesco Arcuri no llegó a ingresar en prisión, ni a cumplir la orden de alejamiento por esta condena, y la pareja retomó su relación en 2010, cuando se trasladó a Carloforte, en Cerdeña, de donde es originario Arcuri y en donde tendrían su segundo hijo. Allí, la situación de Juana se volvió insostenible, como apuntó posteriormente. Ante una "situación diaria de opresión, aislamiento y maltrato", y con la excusa de encontrarse enferma y de que sus hijos estuvieran un tiempo con su familia española, la madre dejó definitivamente a Francesco y abandonó la isla de San Pietro para volver a España el 18 de mayo de 2016.

Una vez en nuestro país, en julio de 2016, y gracias a ser asesorada por responsables del Centro de la Mujer de Maracena, Juana Rivas denunció ante la Guardia Civil a su marido por presuntos maltratos físicos y psicológicos. Además, meses después, en diciembre, volvió a denunciar a Arcuri, pero en este caso incluyó en la demanda a su hijo como presunta víctima de agresiones. Pero esta denuncia presentada chocó con una orden judicial el 14 de diciembre de 2016, en la que se ordena la "inmediata restitución" de los niños con su padre de vuelta a Italia.

Desde finales de 2016 y principios de 2017, Juana Rivas y el grupo de asesores que la apoyan en su lucha iniciaron una campaña mediática para evitar que sus hijos fuesen devueltos a Italia. Logró 150.000 firmas con este fin. En abril de 2017, tras varios meses de tensión, la Audiencia de Granada desestimó la apelación de Rivas de devolver a sus hijos al padre y concertó la entrega de los menores el 26 de julio en un Punto de Encuentro Familiar en Granada. Entonces, Francisca Granados, principal portavoz de Juana Rivas y responsable del área de Igualdad de Maracena, organizó una rueda de prensa junto a la madre donde anunciaban su oposición a la entrega de los niños. El 26 de julio, Rivas se ocultó junto a sus hijos, momento en el que Arcuri hizo públicas sus dudas sobre el estado emocional de Rivas.

El 24 de julio, la Audiencia de Granada decretó que Juana Rivas tenía 48 horas para entregar a los menores. Menos de un mes después, el 16 de agosto de 2017, se rechazó el recurso de amparo presentado por la defensa de Rivas y la madre decidió no acudir a declarar a una nueva citación judicial. El 22 de agosto fue detenida, pero se dictó una orden de libertad provisional. Entonces, el 28 de agosto, Juana Rivas hizo entrega de los menores a Francesco Arcuri, el cual se los llevó a Italia, donde Gabriel estuvo tres años y su hermano Daniel continúa.

Ya en 2018, el 27 de julio, Juana Rivas fue condenada a cinco años de prisión, seis de inhabilitación para ejercer la patria potestad, 30.000 euros de indemnización a su expareja y el pago de los costes judiciales. El juez estimó que Rivas cometió dos delitos de sustracción de menores y no encontró atenuante en las denuncias por maltrato. Tras este proceso, en octubre del mismo año, Rivas decidió prescindir del que había su abogado en el proceso, José Estanislao López. La madre contrató a su nuevo abogado, el exfiscal Carlos Aránguez, en mayo de 2019, y presentaron un recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Supremo en la que apoyaba la vuelta de los niños con su progenitor. Rivas volvió a presentar una nueva denuncia contra Arcuri por malos tratos y alegó que los pequeños presentarían "síntomas de maltrato", recordando que ella llevó a los hermanos a un hospital de Cagliari.

Cabe destacar que en 2019 la Fiscalía italiana archivó las ocho denuncias por maltrato que Juana Rivas efectuó contra Arcuri entre 2016 y 2018 y afirmó que era "absolutamente inverosímil la narración de la extraordinaria violencia". Esta resolución judicial dictaría que Juana Rivas habría empleado a sus hijos como "escudos humanos". Pero hubo un giro importante para ella poco después.

En abril de 2021, el Tribunal Supremo consideró que la madre granadina solo había cometido un delito de sustracción de menores y no dos como estimaban las anteriores sentencias, uno por cada niño. Por ello, el Alto Tribunal rebajó la pena a dos años y medio de cárcel y confirmó la pena de seis años de retirada de patria potestad y el pago de una indemnización de 12.000 euros por daños morales y materiales causados al padre de los menores. Un mes después, el juzgado de lo penal número 1 de Granada ordenó la ejecución de esta sentencia. Por ello, el 11 de junio del mismo año, la madre ingresó en el Centro de Inserción Social Matilde Cantos Fernández de Granada para cumplir la orden judicial. Solo estuvo allí cuatro días, porque el 15 de junio salió del centro para cumplir condena en su casa con pulsera telemática, al aplicarle la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias el artículo 86.4 del Reglamento Penitenciario. Poco después se conoció que el juzgado de Granada rechazó la petición de suspender la ejecución de la condena, como había solicitado su abogado tras pedir el indulto al Gobierno.

Aquí comenzó la carrera por el indulto. La Fiscalía de Granada hizo pública su oposición a esa concesión. Además, el juzgado de lo penal número 1 de Granada solicitó el reingreso en prisión de Juana Rivas menos de un mes después de que le concedieran el tercer grado. Y el 20 de julio de 2021 se hizo público que el mismo juzgado desestimó parcialmente un recurso de la Fiscalía para conceder ese tercer grado y que cumpliera la condena con pulsera telemática, por lo que Juana Rivas volvió al Centro de Inserción Social Matilde Cantos Fernández de Granada.

Pero la madre volvió a tener un giro a su favor. El Consejo de Ministros del 16 de noviembre de 2021 determinó que se le concedía a Rivas un indulto parcial, por lo que su pena quedaba reducida a una pena de prisión de un año y tres meses y se le conmutó además la pena de inhabilitación para ejercer la patria potestad por una pena de 180 días de trabajo en beneficio a la comunidad. Y hubo incertidumbre, porque el magistrado del juzgado de lo penal de Granda se negó en diciembre de 2021 a suspender la cárcel por el indulto, alegando que la mujer era "un peligro para sus hijos". Sin embargo, en marzo de 2022, la Audiencia de Granada suspendió a la madre la pena de prisión con la condición de no cometer un nuevo delito durante los siguientes tres años y de participar en programas de parentalidad positiva.

Asimismo, para su beneficio, en julio de 2022, los jueces de la Audiencia Nacional rechazaron por unanimidad el recurso presentado por Francesco Arcuri contra el indulto, avalando así el indulto parcial. Gabriel, el hijo mayor de Juana Rivas, se mudó con su madre y en marzo de 2023 le concedieron la custodia a la progenitora de forma definitiva. Además, ese mismo mes, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) abrió un expediente disciplinario a Manuel Piñar por manifestaciones "ofensivas y vejatorias" contra ella en redes sociales. El juez sería condenado ya este año a una multa de más de 1.000 euros por revelar datos de uno de los hijos de la madre.

En abril de 2024, el Tribunal Supremo de Italia admitió el recurso presentado por la madre de Maracena por la custodia de su hijo menor y ordenó repetir el juicio civil "que separó a los hermanos" en el país del padre. Se estableció la fecha de este juicio el día 6 de diciembre, el próximo lunes. Y ya esta semana, la Fiscalía italiana acusó a Francesco Arcuri de maltrato a sus hijos y citó a declarar al hijo menor en una vista oral. Gabriel, el hermano mayor de Juana, ha pedido ayuda a través de una carta y un vídeo para su hermano Daniel, que, asegura, vive "el infierno" que él ya vivió.

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