El divorcio puede generar diversas consecuencias económicas para los cónyuges, y una de las cuestiones más comunes es el derecho a una pensión compensatoria. Esta pensión se otorga cuando uno de los cónyuges, tras la ruptura, queda en una situación de desequilibrio económico en comparación con la situación que disfrutaba durante el matrimonio. Según el Código Civil español, el objetivo de la pensión compensatoria es mitigar ese impacto económico negativo que la separación o el divorcio pudiera causar en uno de los cónyuges.

El derecho a recibir una pensión compensatoria depende de varios factores. El artículo 97 del Código Civil establece que para que uno de los cónyuges tenga derecho a esta prestación, debe quedar en una situación económica considerablemente peor en relación con el otro. La pensión puede ser otorgada cuando uno de los cónyuges, por ejemplo, se haya dedicado a la gestión del hogar y, como consecuencia, tenga menores oportunidades de acceso al mercado laboral, o cuando el matrimonio haya supuesto una dependencia económica importante.

Es importante destacar que no todos los divorcios dan lugar a una pensión compensatoria. Si ambos cónyuges tienen recursos económicos suficientes para mantener un nivel de vida similar al que tenían durante el matrimonio, es posible que no se otorgue la pensión. Además, si se produce un acuerdo entre ambas partes, el juez puede dictar sentencia sin necesidad de imponer una pensión.

La pensión compensatoria puede tener carácter temporal o indefinido. Es decir, en algunos casos se establece una pensión por un período de tiempo limitado, con el objetivo de que el cónyuge beneficiario pueda rehacer su vida y mejorar su situación económica. Sin embargo, en otras circunstancias, la pensión puede ser indefinida, lo que en algunos casos se interpreta como una pensión "vitalicia", aunque esta se extingue si el beneficiario contrae matrimonio nuevamente o mejora considerablemente su situación económica.

El cálculo y la duración de la pensión se determinan en función de factores como la duración del matrimonio, la edad y estado de salud de los cónyuges, sus posibilidades de acceso al empleo, la dedicación a la familia y cualquier otra circunstancia relevante. Por ejemplo, en matrimonios de larga duración, con más de 30 años de convivencia, la pensión podría llegar a ser más significativa y tener un mayor carácter permanente.

Existen varias causas por las que una pensión compensatoria puede extinguirse. Estas incluyen la reincorporación laboral del cónyuge que recibe la pensión, la mejora sustancial de su situación económica, o el hecho de que contraiga nuevo matrimonio. Es esencial tener en cuenta que esta pensión debe solicitarse al momento del divorcio o la separación, ya que una vez que se dicta la sentencia, puede ser demasiado tarde para reclamarla.

En resumen, el derecho a una pensión vitalicia o indefinida en caso de divorcio depende de múltiples factores y del contexto económico de ambos cónyuges. Si uno de los cónyuges se encuentra en una situación de vulnerabilidad económica, es probable que el juez establezca una compensación que puede durar de forma indefinida, siempre sujeta a las modificaciones o extinciones previstas en la ley.