Las zonas de España con posibilidad de sufrir inundaciones llegan a unos 25.000 kilómetros, si bien en las identificadas como "inundables de mayor riesgo", en las que viven casi 2,7 millones de personas, se encuentran 47 hospitales, 977 centros educativos, 347 residencias de ancianos y 9 aeropuertos.

Estos datos se recogen en los Planes de Gestión de Riesgo de Inundación de segundo ciclo de las cuencas intercomunitarias (2022-2027).

Este documento del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, actualizado hace dos años con cartografía y datos para un mejor conocimiento del riesgo de inundación y la compatibilidad con la planificación hidrológica, es "primordial para construir un programa de medidas sólido y eficaz para lograr el objetivo de reducción del riesgo".

En el mismo se indica que la mayoría de los casi 1.000 centros educativos en zonas inundables de mayor riesgo, en las que residen 2.692.000 personas, están en las cuencas de Júcar, del País Vasco, Cantábrico y Tajo, mientras que el mayor número de hospitales corresponde a Júcar, Segura y Guadalquivir.

En el documento "Caracterización de la peligrosidad y riesgo por inundación fluvial" de estos planes, las cuencas con mayor población en estas zonas son la del Guadalquivir, con cerca de 600.000 habitantes aproximadamente, seguida del Segura, con más de 550.000 y del Júcar, con cerca de 500.000.

A estas cuencas les siguen las del Duero, Ebro y Cantábrico oriental, con más de 250.000, mientras que las que presentan menores poblaciones son las de Cantábrico occidental (150.000) y Guadiana, Tajo y Miño-Sil, por debajo de las 100.000 personas.

Además, según estos textos del ministerio, actualmente la normativa "es muy estricta" para impedir que los usos del suelo rústico se transformen en suelos urbanizables y se construya en zonas inundables.

En relación con los suelos urbanizables en zonas inundables, el Reglamento del Dominio Público Hidráulico establece "recomendaciones" asociadas a estos trabajos, y "son los ayuntamientos los que deben trabajar en estos temas y en la adaptación al riesgo de inundación".

El ingeniero y profesor de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), Sebastián Guillén Ludeña, ha explicado a EFE que "las zonas afectadas por las inundaciones del pasado 29 de octubre, en Valencia y en Letur (Albacete) ya estaban identificadas como ARPSI (Áreas con riesgo potencial significativo de inundación)" y tienen como denominador común que "han sido provocadas por cauces poco o nada regulados, es decir ausencia de obras hidráulicas de laminación de avenidas, y con una alta ocupación de sus márgenes".

"Si se compara con el episodio de inundaciones provocado por la depresión aislada en niveles altos de 2019 en Murcia y Alicante", en el que murieron seis personas, "se puede inferir que la existencia de presas de laminación y encauzamientos como el del Río Segura -si bien no son infalibles y se pueden ver sobrepasados- reducen significativamente los efectos negativos de una riada".

El también director del Curso de Especialista Universitario de Zonas Inundables de la UPCT explica que la peligrosidad de una zona inundable se mide en función de dos variables.

La primera, "el calado máximo, que es la altura máxima que alcanza el agua en una zona"; y la segunda, "la velocidad máxima del agua en una zona". En su opinión, aunque el marco normativo existente "es adecuado para identificar los riesgos", sería conveniente actualizarlo para incorporar los efectos del cambio climático a la hora de cuantificar la magnitud de los eventos extremos.

No obstante, subraya, "es evidente que a la vista de lo ocurrido, es necesaria la revisión de la normativa de ordenación del territorio en lo relativo a la construcción en zonas inundables".

Al tiempo que apunta a una "revisión de los protocolos de coordinación entre administraciones en la gestión de una alerta hidrometeorológica y su comunicación a la población".

Guillén Ludeña dice que es necesario invertir en la construcción de obras de defensa de los núcleos de población amenazados, siempre con criterios de sostenibilidad y de respeto al medioambiente; educar a la población para que sepa cómo actuar ante una alerta de inundación; y, por último, revisar los protocolos de actuación de las distintas administraciones.

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