La Guardia Civil ha detenido a 32 personas e investiga a otras 21 como presuntos responsables de delitos contra la propiedad industrial, estafa, fraude alimentario, falsificación documental y contra la salud pública. Entre otras acciones, los implicados hacían pasar aceites de calidad inferior como aceites de oliva virgen extra o reetiquetaban productos que ya habían caducado.

En concreto, la Guardia Civil ha iniciado 12 operaciones individuales en el marco de la macrooperación OPSON XIII contra el fraude alimentario, según informa este domingo en un comunicado. En total, los agentes han realizado más de 3.000 inspecciones y registros en centros de distribución, almacenes, medios de transporte, puertos y aeropuertos del territorio nacional, en los que se ha detectado hasta 2.000 infracciones administrativas.

Se trata de una macrooperación de ámbito europeo cuya acción específica sobre ataques a productos Denominación de Origen e Indicaciones Geográficas ha sido liderada por la Guardia Civil, la cual ha organizado una reunión de coordinación en Alicante junto con otras autoridades europeas, como EUIPO y Europol.

La operación ha estado centrada en alimentos y bebidas alcohólicas falsificados (o de calidad inferior), cadenas de suministro de alimentos ilegales, fraudes alimentarios, seguridad alimentaria y adulteración motivada económicamente.

A nivel europeo, los cuerpos policiales de los 29 países participantes han emitido 104 órdenes de detención, llevando a cabo hasta 184 órdenes de registro. Además, un total de 278 personas han sido denunciadas y se ha logrado desarticular 11 organizaciones delictivas.

Los investigadores de toda Europa notaron una tendencia continua en la venta de alimentos caducados, tras atraer a las empresas de eliminación de residuos, tienen en sus manos masas de alimentos para ser destruidos, que posteriormente borran y vuelven a imprimir las fechas de vencimiento y adjuntan las nuevas etiquetas reintroduciendo los productos caducados en la cadena de suministro nuevamente. Los productos más afectados han sido el aceite de oliva y los vinos con denominación de origen protegida (DOP).

La operación OPSON ha contado con la colaboración de las consejerías competentes de las distintas comunidades autónomas, la Dirección General de la Industria Alimentaria (DGIA) y la Subdirección General de Control de la Calidad Alimentaria y Laboratorios Alimentarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), dependiente del Ministerio de Consumo. Todos ellos trabajan en coordinación con la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EUROPEAN FOOD SAFETY AUTHORITY - EFSA), con asesoramiento científico y comunicando los riesgos existentes y emergentes asociados a la cadena alimentaria.

Entre las actuaciones destacadas, la Unidad Orgánica de Policía Judicial, con la colaboración de Europol y el Arma de Carabineri de Italia, consiguió la incautación de unos 120.000 botes de conserva de atún y 45.000 litros de aceite, así como la detención de cuatro personas.

Los detenidos, propietarios de una empresa conservera de Alfaro, en La Rioja, elaboraban las conservas con atún de menor calidad que el que figuraba en el etiquetado, así como con aceite de girasol u orujo cuando figuraba como aceite de oliva, con lo que lograban poner en venta los productos a precios muy inferiores a la competencia.

Por otra parte, el Seprona de Madrid, en colaboración con las autoridades sanitarias regionales, logró la inmovilización y posterior destrucción de 642 garrafas de cinco litros de aceite, 104 jamones y 207 quesos, así como la detención de una persona y otras cuatro investigadas por los delitos contra la salud pública, estafa, falsedad documental, relativo a la propiedad industrial y al mercado de los consumidores.

Comercializaban desde una nave en Valdemoro (Madrid) aceite de mezclas de semillas haciéndole pasar por AOVE y aceite suave, jamones curados por ibéricos y quesos sin poder acreditar su trazabilidad.

También el Seprona de Valencia y en colaboración con la Consejería de Sanidad de la Generalitat investigó una empresa de encurtidos que ponía a la venta productos no aptos para el consumo y la adicción de colorantes y conservantes no acordes con la normativa reguladora en la materia.

En las instalaciones se inmovilizaron 80.000 kilogramos de producto, gran parte del cual estaba almacenado y envasado, listo para su venta y consumo. Por estos hechos fue detenido el gerente, acusado de los delitos contra la salud pública y relativo al mercado y a los consumidores.

En Sevilla, el Seprona inspeccionó establecimientos dedicados a la elaboración y distribución de productos pesqueros congelados, donde los trabajadores reetiquetaban dos palets de lomos de bacalao congelado cuya fecha de caducidad había expirado. Por estos hechos se ha procedido a la investigación de siete personas y se han inmovilizado un total de 45.320,33 kilos de productos ultracongelados a los que se había modificado su etiquetado.

En la capital hispalense también se ha desarticulado un grupo criminal dedicado a la distribución de aceite de oliva virgen extra adulterado con otras clases de aceite como girasol, semilla o aceite lampante. Aquí se han detenido a 11 personas y seis están siendo investigadas, incautándose 20.000 litros de falso Aove.

Por último, la Policía Judicial de Coín, en Málaga, ha procedido a la detención de ocho personas, desmantelando una organización crimuinal a los que se les intervienen maquinaria envasadora y etiquetadora, así como 1.800 kilos de productos alimentarios refrigerados y congelados, mal conservados, sin etiquetar o caducados, como embutidos jamones, salmón, pizzas o huevos.

A estos alimentos se le quitaba la etiqueta de caducidad o bien se la borraban para distribuirlos a sus clientes, igualmente envasaban, etiquetaban, clasificaban y distribuían huevos modificando su fecha de caducidad.

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