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La Policía Nacional ha identificado a ocho víctimas de delitos relacionados con la corrupción de menores, dos de ellas además de agresiones sexuales, en el marco de una investigación contra la distribución de pornografía infantil en Internet finalizada en los últimos días en la que se han intervenido más de 120.000 archivos multimedia con los que se ha podido acreditar que las acciones delictivas cometidas se remontaban al año 1999 y que perduraron hasta el 2023.
Los presuntos autores de los hechos, un hombre y una mujer, fueron detenidos a finales de 2023 y se decretó su ingreso en prisión, después de que los investigadores descubrieran la ubicación desde la que se estaban compartiendo los archivos, un inmueble de la provincia de Valladolid.
A una de las víctimas identificadas le fueron tomadas 20.000 fotografías de índole sexual durante diez años, mientras que otra de ellas, que fue grabada durante tres años, ha podido ser localizada en Latinoamérica gracias a la cooperación policial internacional.
La investigación sobre el material gráfico encontrado también permitió corroborar que las imágenes habían sido tomadas desde el domicilio del presunto autor, sin que fueran conscientes de ello, cuando se bañaban desnudos o se encontraban en ropa interior en los aledaños de la casa, para lo que se valía de varias cámaras fotográficas y de vídeo profesionales.
Asimismo, se supo que también participaba en las grabaciones una mujer, que pudo ser identificada y detenida en un municipio de la provincia de Ávila.
La investigación se inició con motivo del ciberpatrullaje que realiza la Policía Nacional dentro de la lucha contra la corrupción de menores a través de la web, según ha informado la Subdelegación del Gobierno.
De este modo, se geolocalizó en la provincia de Valladolid una conexión a la web desde la que se compartían archivos de contenido pornográfico infantil con otros usuarios de cualquier parte del mundo.
Tras meses de investigaciones, se consiguió la plena identificación de la persona implicada en los hechos en un municipio de la provincia de Valladolid. Una vez identificada la vivienda desde donde operaba el presunto autor, se autorizó judicialmente la entrada y registro.
Los agentes encontraron, en una habitación habilitada como despacho, una pizarra en la que aparecían impresas dos imágenes de índole sexual de niñas de corta edad.
Tras realizar una "minuciosa" inspección en el domicilio, en el que residía únicamente el investigado, se localizaron más de 120.000 archivos multimedia con contenido pornográfico infantil en uno de los ordenadores.
En una de las carpetas había varias subcarpetas tituladas con nombres de pila que contenían numerosos archivos clasificados con imágenes de niñas y algún niño, todos de corta edad.
El examen del material por parte de los agentes permitió comprobar que había sido grabado por el propio investigado y que éste había agredido sexualmente a algunos de ellos.
Durante el registro los agentes también encontraron una maleta que contenía ropa interior de niñas y fármacos con propiedades sedantes, si bien mediante el exhaustivo análisis forense del material audiovisual intervenido se ha podido identificar plenamente a un total de ocho víctimas, comprobándose que dos de ellas habían sufrido agresiones sexuales.
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