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La ONG británica Save the Children ha negado tener vínculos con el tráfico de niños de origen guatemalteco por la frontera del sur de Estados Unidos. Esto ha sucedido con motivo del registro, por parte de la Fiscalía de Guatemala, a las sedes del país centroamericano con motivo de una investigación "de carácter transnacional" sobre supuestas "vulneraciones y abusos" de menores.
"Estamos al tanto de las acciones en nuestras oficinas de campo en Guatemala", ha señalado en un comunicado remitido a Europa Press. A su vez, han reafirmado que nunca han facilitado ningún "traslado de niños, niñas o adolescentes fuera de Guatemala", además de confirmar que no se han encontrado "pruebas de irregularidades" en las sede de la organización.
Desde 1976, la ONG ha operado en Guatemala y se ha mostrado "profundamente comprometida con la transparencia y la rendición de cuentas". Además, ha subrayado que está colaborando con las autoridades y cuidando de su personal en todo momento. "Seguiremos trabajando para defender los derechos de la niñez, como siempre hemos hecho, manteniendo los más altos estándares de protección y salvaguarda de todos nuestros programas", ha insistido.
Asimismo, el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, ha explicado que la operación ha incluido cinco "diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia" en las sede ubicadas en diferentes puntos del país. Por ello, solicitó apoyo a la Fiscalía de Texas para "dar seguimiento a la denuncia y unir esfuerzos".
El pasado mes de abril, la FECI registró la sede de Save The Children en Guatemala como protagonista de una investigación por supuesto tráfico de niños, a la que se incluían a diversas ONG. Por ello, Save The Children se mostró "impacta y desconcertada" al ser un allanamiento "sin precedentes" en sus oficinas, además de denunciar que no conocían "ninguna acusación específica". Asimismo, la ONG ha asegurado que no había evidencias "que respalden ninguna acusación de conducta indebida".
Curruchiche está sancionado por decenas de países acusado de intentar socavar la democracia en Guatemala y obstaculizar la lucha anticorrupción. De hecho, Estados Unidos y la Unión Europea no permiten su ingreso en sus respectivos territorios con motivo de estas sanciones.
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