Los radares de tráfico son una herramienta clave para garantizar la seguridad en las carreteras, controlando el cumplimiento de los límites de velocidad y, en general, contribuyendo a reducir el riesgo de accidentes de tráfico. Sin embargo, su colocación no es arbitraria; debe seguir una serie de normativas para asegurar que no interfieran con otros elementos de seguridad vial, como los guardarraíles o quitamiedos.

De acuerdo con la normativa europea UNE EN 1317, los radares deben situarse a una distancia mínima de 1,30 metros de los guardarraíles. Esta normativa se estableció para garantizar que los sistemas de contención de vehículos, como los guardarraíles, puedan cumplir su función principal: absorber el impacto de un vehículo y redirigirlo en caso de choque, minimizando así el riesgo para los ocupantes y otros usuarios de la vía. Si los radares se colocan demasiado cerca de estas barreras, pueden comprometer la capacidad de los guardarraíles para desempeñar esta función de manera eficaz.

Se estima que aproximadamente el 30% de los radares en España no cumplen con esta normativa, estando situados a menos de 1,30 metros de los guardarraíles. Este incumplimiento plantea serias preocupaciones sobre la seguridad vial, ya que la proximidad de los radares a los sistemas de contención puede interferir en su capacidad para redirigir un vehículo en caso de accidente. 

Los guardarraíles están diseñados para cumplir varias funciones esenciales en las carreteras. Además de absorber el impacto inicial de un choque, están concebidos para redirigir el vehículo hacia la carretera, evitando que se salga de la vía o choque contra obstáculos peligrosos. También tienen la función de minimizar el impacto de la colisión para los ocupantes del vehículo. Si un radar se encuentra demasiado cerca de un guardarraíl, puede entorpecer su eficacia, lo que contradice el objetivo principal de instalar un radar: mejorar la seguridad vial.

El incumplimiento de la normativa respecto a la distancia entre radares y guardarraíles puede tener consecuencias legales. La colocación incorrecta de un radar podría cuestionar la validez de las multas emitidas por dicho radar, aunque la principal preocupación sigue siendo la seguridad de los conductores. La Dirección General de Tráfico (DGT) tiene la responsabilidad de garantizar que todos los radares estén instalados de acuerdo con las normativas existentes para evitar posibles riesgos y cumplir su función sin comprometer otros aspectos de la seguridad vial.

Es fundamental que las autoridades competentes revisen regularmente la ubicación de los radares para asegurarse de que cumplen con las normativas vigentes. Esta revisión debe incluir la distancia a los guardarraíles, así como otros aspectos de la instalación del radar que puedan afectar la seguridad en la carretera. Además, los conductores y expertos en seguridad vial deben ser conscientes de estas normativas y alertar a las autoridades si detectan radares que no cumplen con los requisitos de distancia establecidos.

La normativa UNE EN 1317 establece claramente que los radares deben estar situados a una distancia mínima de 1,30 metros de los guardarraíles para garantizar que estos sistemas de contención puedan cumplir su función de proteger a los conductores en caso de accidente. El incumplimiento de esta normativa no solo puede tener implicaciones legales, sino que también puede comprometer la seguridad vial. Es responsabilidad de las autoridades y de la sociedad en general garantizar que estas regulaciones se cumplan para mantener las carreteras lo más seguras posible.