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Uno de cada seis niños residentes en España será víctima de violencia sexual antes de cumplir 18 años. Las consecuencias de este tipo de agresión infantil dejan un coste que supera los 1.275 millones de euros, aunque esta cifra solo recoge los casos denunciados, además de determinados gastos no detectados como la atención psicológica a un menor que no ha contado su situación, pero que se ha cuantificado a partir de la prevalencia poblacional de este colectivo, estimada en un 17,29%. Son datos del informe ¿Cuánto cuesta mirar hacia otro lado? Los costes de la violencia sexual contra la infancia y adolescencia, presentado este miércoles por la ONG Educo, coautora del estudio junto a la Cátedra de los Derechos del Niño de la Universidad Pontificia de Comillas.
El estudio aporta información que estaba completamente invisibilizada: el valor económico de los daños de difícil monetización como son la pérdida de productividad, la destrucción de la riqueza o las consecuencias emocionales de la víctima y su familia. Todo ello, asciende a más de 3.178 millones de euros. Por ello, la suma de las dos cifras deja un importe muy elevado que supera los 4.453 millones anuales, lo equivalente al 0,31% del Producto Interior Bruto (PIB).
Más de la mitad del importe total corresponde a gastos de servicios sociales asociados a la protección del menor, como los centros de acogida. El 22,08% se atribuye a la inversión sanitaria, entre la que se encuentra la atención psicológica y psiquiátrica o la hospitalización ante enfermedades crónicas y lesiones derivadas del abuso. El 17,48% se debe al desembolso económico de los costes judiciales y el 1,42% a la factura en cuestiones educativas por asuntos como la repetición del curso académico, el fracaso escolar o el absentismo.
Laura Barroso, investigadora de la cátedra, ha explicado que “la cifra resulta especialmente impactante si se tiene en cuenta que el cálculo que se ha podido alcanzar es de mínimos porque se continúa sin conocer la magnitud real del fenómeno”. Con el objetivo de poner el foco en estos daños para que no queden en el olvido, se les asocia un coste a partir de una aproximación parcial debido a la falta de datos disponibles y a la dificultad de asignar un valor económico a ciertos daños personales.
España se enfrenta a una problemática que acarrea perjuicios individuales y colectivos, invisibilizados y con una factura para las administraciones públicas difícilmente medible. Por ello, en el informe se recalca que "la violencia sexual detectada es una cifra marginal y representa una pequeña parte del iceberg". Muchas víctimas todavía no se conocen. Ambas entidades estiman un total de 77.407 casos, pero el Ministerio del Interior en el año 2023 solo registró 9.185 denuncias por este tipo de abuso, que también ocurre en el ámbito digital. Calculan que uno de cada 104 niños sufrirá violencia sexual a lo largo de un año.
"Sabiendo que la población menor de 18 años es superior a 8.064.403 y la prevalencia es de 17,29%, se calcula que afecta a 1.393.267 niños. Es decir, uno de cada seis", aclaran en el informe. Las consecuencias son diferentes para las personas que las sufren. En el estudio se recalca la importancia de realizar el seguimiento de la víctima, incluso cuando no presente sintomatología, porque puede desarrollar problemas en una etapa posterior. Son daños que no desaparecen automáticamente en el momento en el que cesa la violencia, sino que en muchas ocasiones pueden acompañar a la persona a lo largo de su vida adulta.
Las secuelas pueden ser más intensas cuando esta agresión es ejercida, de forma frecuente y prolongada en el tiempo, por una persona cercana al menor. La ONG Save the Children advertía en el año 2023 de que en el 80% de los casos de menores abusados el agresor es un familiar o un miembro del entorno más próximo. Si el abuso se detecta de forma precoz, las repercusiones pueden reducirse con una respuesta efectiva.
Las consecuencias no solo afectan a la infancia, también al conjunto de la sociedad. El coste económico es elevado, tanto a corto como a largo plazo, y tiene un impacto en el presupuesto público a nivel jurídico, social y educativo. El daño que sufren los menores también repercute en el capital humano y compromete el desarrollo socioeconómico presente y futuro del país en su conjunto.
La directora de Investigación e Incidencia de Educo, Macarena Céspedes, ha explicado que la violencia sexual sobre la infancia supone una grave vulneración de los derechos de los menores porque repercute en su bienestar emocional y relacional, pero también tiene un impacto en la sociedad: el gasto directo que se realiza para atenderla y el coste social y de oportunidad que supone.
La gerente de la Cátedra de los Derechos del Niño, Myriam Cabrera, ha denunciado la dificultad para conocer las cifras reales por falta de información al respecto, a pesar de las mejoras recientes. Ambas entidades insisten en la importancia de la prevención y la detección precoz. Además, solicitan la implementación efectiva de las medidas incluidas en la Ley Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, aprobada en junio de 2021.
“No podemos mirar hacia otro lado sabiendo por lo que están pasando miles de niños en España. No se puede permitir que esto siga ocurriendo. Sacar a la luz estos datos por primera vez puede ayudar a poner en marcha mecanismos para mitigar el daño y permitir que las víctimas lleven una vida más plena. El dinero que se destine a erradicar la violencia contra la infancia y la adolescencia más que un gasto es una inversión con un retorno claro que beneficia a toda la ciudadanía”, ha recalcado Céspedes.
Esta lacra social destruye oportunidades, limita la participación social, afecta a la cualificación profesional y genera un profundo sufrimiento tanto en las víctimas como en sus familias. Son impactos difíciles de cuantificar en términos monetarios, pero representan un costo social significativo para el país a largo plazo.
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