Greenpeace asegura que España debe reducir un millón de hectáreas de regadío para 2040 por falta de agua

España deberá reducir para 2040 casi un millón de hectáreas de cultivos de regadío, de las casi cuatro millones que tiene actualmente, a causa de la disminución de la disponibilidad del agua. Según un estudio de la organización ecologista Greenpeace, es una consecuencia del cambio climático.

Según una de las conclusiones del informe "¿Cuánto podemos regar? Análisis del agua disponible en España con cambio climático", señala que hasta 2022 se han aumentado hasta 3.975.000 las hectáreas de cultivos de regadío en el país, y que, "a corto plazo, se seguirán aumentando".

Entre 2030 y 2100 se prevé una bajada de la cantidad de agua disponible sobre el campo en España, según afirma el documento. A su vez, la organización afirma que esta conclusión se ha sacado de acuerdo al pronóstico meteorológico y el aumento de la demanda, aspectos recogidos en el tercer ciclo de planificación hidrológica 2022-2027.

Según los últimos datos publicados del problema de la desertificación y modelos climáticos científicos, "habrá entre un 4,04% y un 6,88% menos de agua de aquí al año 2040". Además, se prevé que se registrarán mayores sequías, ya que los ciclos de precipitaciones serán más irregulares, lo que también provocaría inundaciones.

La incertidumbre marca las previsiones a futuro, aunque las demandas previstas de recursos hídricos en los planes de cuenca de tercer ciclo "arrojan más de 4.000 hectómetros cúbicos de exceso, ya de entrada", según el estudio de Greenpeace.

Asimismo, a esto se añade que además de que las "peores previsiones" ya se han superado, también existe "mucho regadío ilegal no contabilizado, con cerca de un millón pozos ilegales", y con pérdida de buena parte del regadío en "exportación, en desperdicio alimentario, en excedente agrario, en macrogranjas..." entre otras cosas.

Toda esta situación provocará un aumento de los conflictos por el agua, según Greenpeace, entre los actores de diversos sectores, como entre agricultores e hidroeléctricas, el uso urbano y el recreativo o los caudales ecológicos de los ríos y los ecosistemas acuáticos, que "hasta ahora no se incluían en la ecuación". Dichos conflictos se podrán extender entre comunidades autónomas y entre comarcas o ciudades, debido al aumento de la demanda y disminución del recurso de agua disponible.

En este momento, el nivel de agua en los embalses se encuentra al 47,92% del total, pero con bajos niveles en zonas como Cataluña, Mediterránea Andaluza y GuadaleteBarbate, que están por debajo del 30%.

A su vez, el responsable de la campaña de Agua en Greenpeace, Julio Barea, ha asegurado que no defienden que el regadío "sea algo malo". Sin embargo, afirma que están señalando que "a menos disponibilidad de agua, hay que reducir demanda".

Según Barea, una reducción de la demanda que "hay que hacerla bien para que los pequeños y medianos agricultores no se vean sin futuro, y señalar a los que acaparan aguas y tierras para la agricultura intensiva".

Por una parte, ha subrayado que "la crisis del agua se soluciona cuando hay agua porque, cuando falte será tarde". Por otra parte, ha destacado que "la solución pasa por el regadío, que se lleva el 80% del agua".

Según los datos del Centro de Estudios y Experimentos de Obras Públicas (Cedex), se prevé una disminución moderada de precipitación en el primer tercio del siglo XXI, que se intensificarán en los años posteriores, como se recoge en el estudio.

Un incremento de la temperatura deriva a un ascenso de la evapotranspiración (ETP), que se prevé que se producirá "un fuerte aumento" para mediados del siglo XXI. Según el centro los incrementos serán "cercanos al 10% en las cuencas más extensas, y en el último tercio del siglo seguirán aumentando, acercándose al 20%".

Entre las propuestas que ha planteado Greenpeace para solucionar la situación, el Gobierno debe añadir en la planificación del cambio climático que se reduzca el funcionamiento de regadíos. Es decir, reducir del 20 al 25 % el regadío, lo que, en relación a superficie supone una "reducción de entre 650.000 hectáreas y casi un millón de hectáreas hasta 2040".

Estas disminuciones, según la organización, deben ir enfocadas a las grandes explotaciones, así como a aquellas que, por su cultivo, obtienen altas dotaciones por hectáreas y no se adaptan a las condiciones climáticas actuales.

Además, también proponen la eliminación de todos los regadíos ilegales y la reducción de forma progresiva de la cabaña ganadera en intensivo, para alcanzar un 50% menos en 2030. Según Barea, por la parte de la emergencia climática, "gestionar el agua es crucial, porque las cifras son claras: de seguir como hasta ahora, llegaremos a un colapso hídrico".

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