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La confederación de grupos ecologistas 'Ecologistas en Acción' ha denunciado que en España, en 2022, se pusieron a la venta alimentos de consumo diario que contenían al menos 106 plaguicidas. Del total de los productos fitosanitarios, 59 eran disruptores endocrinos y 32 sustancias no autorizadas. Por ello, la asociación ha querido señalar el elevado uso de plaguicidas al que está expuesto la población y el medio natural cuyos posibles efectos alertan a la comunidad científica.
Aunque la ONG ha manifestado que la muestra del organismo es poco representativa (solo 3,61 muestras por cada 100.000 habitantes), ha incidido que esto ha permitido vislumbrar que los alimentos estaban contaminados con 106 plaguicidas diferentes. En concreto, el 36% de las muestras tenían restos de una o más sustancias, porcentaje que aumenta hasta el 43% en el caso de frutas y verduras.
Estas son las conclusiones a las que han llegado en su nuevo informe, 'Directo a tus hormonas. Residuos de plaguicidas en los alimentos españoles', que se ha presentado este miércoles. Asimismo, para obtener las cifras, 'Ecologistas en Acción' ha analizado los últimos datos disponibles de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN).
Según el grupo ecologista, 59 de los 106 plaguicidas detectados fueron disruptores endocrinos, es decir, sustancias que afectan al sistema hormonal y que se relacionan con graves enfermedades. Además, un total de 32 fueron sustancias no autorizadas por la Unión Europea (UE) y 17 fueron plaguicidas candidatos a ser sustituidos debido a sus efectos cancerígenos, tóxicos para la reproducción, de disrupción endocrina o por cumplir dos de las tres siguientes características: persistencia, bioacumulación y toxicidad.
'Ecologistas en Acción' ha advertido de que el 22% de las muestras presentaban contaminación múltiple con varios plaguicidas. En especial, ha destacado el caso de los tomates españoles, que tenían residuos de 31 sustancias diferentes. Además, al menos 97 plaguicidas tóxicos fueron liberados en cultivos españoles, lo que pone en riesgo al medio natural y a las personas que cultivan y viven en las zonas cercanas.
La portavoz de la organización ecologista, Kistiñe García, ha insistido en que las explotaciones agrarias deben respetar los derechos humanos de sus trabajadoras, darles la formación y los Equipos de Protección Individual obligatorios y mantener prácticas de aplicación de fitosanitarios que se atengan a la ley. Según ha criticado, el Ministerio de Agricultura "está perdiendo" la "gran oportunidad" de convertir a España en el productor de alimentos más saludables, en lugar de ser el segundo Estado miembro en ventas de plaguicidas. "¿Hasta cuándo van a mirar las autoridades y la población hacia otro lado, ignorando la pérdida de salud, biodiversidad y la precaria situación de las y los trabajadores agrícolas por el excesivo uso de plaguicidas para producir alimentos?", se ha preguntado.
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