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La Asociación de Ciudadanos Europeos Contra la Corrupción (AECC) ha presentado una querella por presunto delito de odio contra la eurodiputada Irene Montero. El motivo son sus controvertidas declaraciones en las que sostuvo que "todos los hombres son violadores en potencia".
Montero, destacada figura de Unidas Podemos, respaldó de tal manera una afirmación de la activista Júlia Salander y, a través de la red social X (antiguo Twitter), añadió que los agresores machistas no son "una excepción o una rareza", sino "los hijos sanos del patriarcado".
Asimismo, según el medio digital 'The Objective', la denuncia fue interpuesta este lunes ante el Tribunal Supremo. En ella, la AECC argumenta que las palabras de Montero, además de ser "inapropiadas para una exministra de Igualdad", fomentan la "discriminación y el odio entre mujeres y hombres" lo que agrava la polarización social y podría incitar a la violencia.
La asociación también señala que las declaraciones podrían encuadrarse en los delitos de discriminación y odio, conforme a los artículos 18, 22.4 y 510.1 del Código Penal. Así pues, la AECC subraya que "no se puede permitir que una retórica tan peligrosa se extienda sin oposición", y critica la generalización de Montero, que consideran "irresponsable" y promotora de un "ambiente tóxico de desconfianza y animosidad".
La denuncia también cita otro mensaje de Montero en el que ella reflexiona sobre la violencia machista, señalando que "una de cada dos mujeres ha sufrido algún tipo de violencia machista", lo que, según ella, plantea la pregunta sobre la naturaleza de los agresores: "si tú no has sido, ni él, ni él… ¿entonces, quién?". En respuesta, la AECC hace un llamamiento a fomentar un discurso público que impulse "el respeto y la comprensión mutuos", rechazando las ideologías que dividen a las personas según su género.
Cabe destacar que este no es el primer enfrentamiento de Montero con la justicia. El Tribunal Supremo ya la condenó el año pasado a pagar 18.000 euros por insinuar que el exmarido de María Sevilla, quien fue indultada por el Gobierno pese a una condena por secuestrar a su hijo, era un maltratador, a pesar de que no contaba con antecedentes penales ni condenas por violencia de género. En esa ocasión, el Tribunal consideró que Montero vulneró el derecho al honor del demandante, Rafael Marcos, imponiéndole la obligación de indemnizarle y difundir la sentencia, la cual todavía figura en la cuenta personal de X de la eurodiputada, que ahora podría enfrentarse a un nuevo conflicto judicial.
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