La campaña del ayuntamiento de La Oliva, en Fuerteventura, contra la alteración de sus espacios naturales ha encontrado en la eurodiputada de Unidas Podemos, Irene Montero, su mayor altavoz, pero esta ya les ha acusado de difundir un bulo. La polémica ha surgido tras compartir el Ayuntamiento una imagen en sus redes sociales de unas piedras pintadas a mano y señalando a Irene Montero de haber cometido ese acto calificándolo de delito en contra de la Ley de Patrimonio Natural". 

El Consistorio lamentó que "personas públicas como Montero realicen este tipo de acciones y las publiquen en sus redes sociales, pues dan lugar a un efecto dominó con repercusiones irreversibles sobre el entorno natural". Las imágenes de las piedras compartidas en Instagram por la europarlamentaria datan del 9 de agosto, cuando hizo un viaje junto a su pareja, Pablo Iglesias, y sus hijos a un destino que no trascendió. Tal y como ha remarcado Montero, su estancia en Fuerteventura forma parte de lo que parecen unas vacaciones posteriores con sus amigas, algo que puede comprobarse en las propias fotografías que ha publicado esta semana. 

"Solo tengo cosas buenas que decir de Fuerteventura, pero esta publicación del Ayuntamiento de La Oliva es mentira y vergonzosa", ha manifestado en sus redes sociales la europarlamentaria de Podemos, quien ha pasado parte de sus vacaciones junto a sus amigas en la isla.

Montero considera que, "teniendo la posibilidad de confirmar la información", el Ayuntamiento "ha preferido lanzar un bulo desde sus canales oficiales". Así, ha instado al Consistorio y al alcalde del municipio, Isaí Blanco, a rectificar. 

El alcalde de La Oliva, Isaí Blanco, había asegurado al diario digital Onda Fuerteventura, que la conservación de la isla "ha sido posible gracias al compromiso de la comunidad local por proteger nuestro entorno natural. Actos tales como la sustracción de piedras y conchas para fines decorativos van en contra del esfuerzo colectivo por preservar la isla", mientras que David Fajardo, de la concejalía de Turismo y Medio Ambiente recordaba que "la extracción de cualquier tipo de elemento natural de las playas y parajes de la isla está estrictamente prohibida". Pese a todo, los representantes del consistorio reconocían desconocer el origen de las piedras de la polémica.

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