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Es la noticia de la semana. Daniel Sancho ha sido condenado a cadena perpetua por un juez de Tailandia por el asesinato premeditado del cirujano colombiano Edwin Arrieta, el desmembramiento y el ocultamiento del cadáver y el robo de su pasaporte. El juez del Tribunal Provincial de Samui (sur de Tailandia) ha comenzado a leer el fallo a las 10.55 hora local (5:55 hora española y 03.55 GMT), alrededor de una hora después de que comenzara la sesión, en la que indicó que la condena había sido reducida de la pena de muerte a la cadena perpetua por la colaboración del acusado.
Nada más hacerse pública la sentencia, las reacciones no tardaban en producirse. Las más esperadas eran las de sus padres, Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo, que habían viajado hasta Tailandia para acompañar a su hijo en este momento. Tras la reacción de sus padres se ha producido la de los abogados de la defensa y de la acusación. Otro de los organismos que también ha reaccionado a la cadena perpetua que se le ha impuesto a Daniel Sancho ha sido Amnistía Internacional. A través de sus redes sociales, el movimiento global ha querido explicar con un hilo de tuits cómo funciona la pena capital en Tailandia.
"Hoy que hemos conocido que Daniel Sancho no ha sido condenado a pena de muerte sino a cadena perpetua, recordamos cuál es la situación de la pena capital en Tailandia y en el mundo. ¡Va hilo! Y recuerda: nada justifica este castigo cruel e inhumano", comenzaba avanzando Amnistía Internacional.
"Tailandia es un país retencionista, mantiene la pena de muerte para los delitos comunes. 123 personas permanecían condenadas a muerte al concluir 2023. Sin embargo, desde 2018 no ejecuta a ninguna persona, previamente desde 2009 y antes en 2003", desvelaba el organismo en su perfil social.
"El mayor número de delitos castigados con la pena capital en Tailandia son los relacionados con drogas, lo cual discrimina a grupos de población históricamente excluidos, como minorías étnicas, migrantes y personas con pocos recursos", denuncian desde las redes sociales.
Además, en este hilo de tuits Amnistía Internacional no solo criticaba la legislación tailandesa, también cargaba con otros países del mundo que continúan manteniendo la pena de muerte entre sus normas: "En el mundo, lamentablemente, en 2023 hemos asistido a la cifra más alta de ejecuciones judiciales en casi los últimos 10 años, un 30% más de ejecuciones que en 2022".
"Asimismo, el número de condenas a muerte también aumentó en 2023 en un 20% con respecto a 2022, alcanzando la cifra de más de 27.000 personas en el corredor de la muerte", desvelan.
Por último, desde Amnistía Internacional se ha mostrado la lista de países que más ejecuciones han llevado a cabo en los últimos años: "Los países que más ejecuciones judiciales llevaron a cabo son: China, Irán, Arabia Saudí, Somalia y EEUU".
"En China, Vietnam y Corea del Norte sigue habiendo un enorme secretismo, por lo que es imposible contar con datos fidedignos de este castigo", terminaban apuntando desde el organismo
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