Preocupación por el aumento de emisiones de gases en el volcán de La Palma

El repunte en la emisión de gases en las zonas próximas al volcán Tajogaite ha obligado a los responsables del Cabildo de La Palma a activar el conocido como Plan Territorial Insular de Emergencias de Protección Civil o protocolo Peinpal. La medida monitoriza en tiempo real las emisiones para salvaguardar la seguridad de vecinos y turistas en estas zonas.

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, ha informado este miércoles sobre las activaciones del protocolo de seguridad por emisiones de gases de origen volcánico como consecuencia de “picos puntuales” de CO2 en 42 viviendas del núcleo costero de Puerto Naos. Los Bomberos ha acudido a estas viviendas "para asesorar a los propietarios sobre la necesidad de ventilar la casa", sin que haya sido necesaria ninguna evacuación, ha explicado Rodríguez.

Según el protocolo de seguridad creado por el Cabildo palmero se solicitaría el abandono de la vivienda en los casos en los que se superen las concentraciones de 1.600 partículas por millón (ppm) de CO2 en el ambiente.

Desde hace meses, las autoridades de la isla han comenzado a abrir más espacios naturales al constatar la seguiridad para los vecinos. Los casi 2.000 medidores instalados en la zona permiten monitorizar en tiempo real las emisiones de gases en la isla provenientes del volcán y las coladas de lava que han cambiado por completo el perfil de La Palma.

La alerta por este aumento de gases no ha obligado a cerrar o evacuar zonas de playa como las de Puerto Naos o La Bombilla, pero sí a extremas la vigilancia para evitar problemas para las personas.

Las autoridades del Cabildo han recordado, según informa el diario local El Time, que ahora mismo, el nivel de emisiones de gases es incluso inferior al que nos encontraríamos en circunstancias normales en cualquier recinto cerrado.

Tanto el núcleo de Puerto Naos como el de La Bombilla, ambos pertenecientes al municipio de Los Llanos de Aridane, permanecieron evacuados dos años por la erupción del Tajogaite (2021) y las altas concentraciones de gases de origen volcánico.

A partir de diciembre de 2023 han ido regresando de forma paulatina los vecinos hasta contabilizar 861 viviendas tras las últimas autorizaciones el pasado 23 de julio.

El presidente del Cabildo de La Palma ha explicado que “el comportamiento del CO2 depende de muchos factores, como las mareas o las brisas”, por lo que ha reiterado su mensaje de “tranquilidad a la población”, ya que “el hecho de que se active el protocolo significa que hay personal pendiente de los sensores, y de tomar medidas si es necesario”.

Sergio Rodríguez ha expresado que en estos días se ha trasladado a Puerto Naos con su familia porque tiene "la absoluta certeza" de que están "totalmente seguros" en la zona, y que si hubiese algún problema tanto los bomberos como el Centro de Monitorización comunicaría lo que se debe hacer según el protocolo.

Las 46 intervenciones de los bomberos en las viviendas habilitadas para volver a residir en ellas no se centran en ninguna zona concreta del núcleo costero, pues se está “hablando de un gas que se desplaza con el viento y que puede ocasionar problemas puntuales en una vivienda donde no había sucedido antes”, ha detallado.

El presidente del Cabildo de La Palma ha insistido en que ninguno de los residentes de las viviendas intervenidas ha tenido que abandonar su residencia, “simplemente se ha tenido que ventilar para que los niveles de CO2 disminuyan”, recordando que el sensor de CO2 instalado en su despacho “a veces alcanza concentraciones de 3.200 ppm en reuniones a puerta cerrada”.

Rodríguez ha hecho un llamamiento “a todas las personas que son parte de este proceso a ser serios".

"Ha costado mucho tomar estas decisiones, y debemos trasladar la seguridad de que el protocolo que nos hemos dado funciona, y las personas que están en la zona están seguras porque no creo que haya una zona en el mundo tan monitorizada", ha apostillado el presidente palmero.

Actualmente están instalados un total de 1.156 medidores de gases de origen volcánico en zonas interiores y otros 194 en lugares públicos, lo que ha permitido habilitar 808 viviendas que han registrado concentraciones de CO2 por debajo de 700 ppm durante varias semanas para que sus propietarios vuelvan a residir en ellas. 

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