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La población española se mantiene pendiente del caso del centro de menores de Ateca, en Zaragoza, tras la detención de cinco trabajadores, incluido el director. La Justicia de Aragón investiga las acusaciones de agresiones y tortura, entre otras muchas cosas. Este lunes se reunía con la Consejera de Bienestar Social. Tal y como informa Yolanda Pinilla, ambas instituciones han vuelto a mostrar su plena disposición a colaborar con la investigación en curso y señalan a través de un comunicado que el objetivo fundamental es garantizar por encima de todo el bienestar y la seguridad de los menores afectados.
Unas palabras que a las dos madres denunciantes les parecen insuficientes. Un equipo de Telecinco ha pasado toda la mañana con ellas y han asegurado que sus hijos lo están pasando "realmente mal", que "no consiguen olvidar lo ocurrido" y que "necesitan apoyo psicológico" para dejar atrás las vejaciones sufridas. Karelly y Marcela, las progenitoras, insisten en que hay más menores afectados y no descartan nuevas denuncias de otras familias.
Las madres están muy indignadas por lo ocurrido con sus hijos desde 2017:
Golpes, amenazas y cigarrillos quemados en la piel en la habitación del terror del centro. Bajo llave y con la ventana bajada, sin apenas comida, vivían episodios de agresiones sexuales continuas y lesiones; es la tortura que denuncian las familias de los dos jóvenes internos en el centro de menores de Ateca. Lo peor, apuntan las madres de las dos víctimas, es que todo ocurrió bajo el conocimiento pleno del director, que intentó falsificar un informe médico para ocultar las lesiones.
"Quiso hacer caso omiso, decía que ahí no pasaba nada, que todo estaba en perfectas condiciones y que yo estaba exagerando", ha explicado a Telecinco Karelly, madre de de uno de los jóvenes. "Nunca nos quisieron creer ni tomar medidas", señala Marcela, muy afectada por lo ocurrido con su hija. No había pruebas porque las cámaras no registraron ninguna agresión, tan sólo la declaración de los menores internos: "Cuando yo me enfado con ella y consigo que haga una videollamada a mi hijo es cuando le noto el golpe en la cara", ha detallado Karelly sobre cómo tuvo conocimiento de los hechos.
La Guardia Civil encontró indicios para sospechar de más casos. Ninguno de los acusados tenía titulación para trabajar en el centro, que por orden del juez, ahora está clausurado. La investigación busca a nueve menores fugados para tomarles declaración y averiguar si también fueron víctimas de estos abusos. Ahora, el director y cuatro trabajadores están en prisión y la Justicia de Aragón abre un expediente al centro.
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