El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha firmado un acuerdo con la plataforma Desokupa para dar formación complementaria y "extracurricular" a sus afiliados. El Ministerio del Interior ha anunciado que estudiará la apertura de un expediente para analizar la "posible impugnación del convenio" y si "conculca los valores democráticos". Sumar ha reclamado al departamento de Fernando Grande-Marlaska la ilegalización de Desokupa. 

Tras conocer el acuerdo del SUP con Desokupa, el Ministerio del Interior ha informado de que estudia si abre un expediente e impugna el convenio suscrito. Según fuentes del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, se trata de cursos no homologables que "no cuentan con ningún respaldo por parte de la Dirección General de la Policía"

Después de la reacción de interior y de que haya trascendido que podrían formar a 30.000 agentes en defensa personal, SUP ha aclarado en un comunicado que el acuerdo con Desokupa es exclusivamente para dar formación complementaria y "extracurricular" a sus afiliados.

Señalan que la formación en la Policía Nacional "corresponde exclusivamente a la Dirección General de la Policía, habiendo mejorado sustancialmente en los últimos tiempos y teniendo un enfoque eminentemente práctico, más operativo y real, cumpliendo por fin, la histórica demanda del sindicato".

Sin embargo, añade que eso "no es óbice para que desde el Sindicato Unificado de Policía sigamos nuestra línea de ofrecer formación complementaria a nuestros afiliados".

No entendemos muy bien el origen de la confusión generada en el día de hoy, ya que ni el Club Desokupa ni este sindicato han querido en ningún momento dar a entender que la Dirección General de la Policía o la División de Formación y los excelentes profesionales que la integran tenían algo que ver con esta oferta complementaria", ha recalcado.

Y ha querido dejar claro que el acuerdo de colaboración "se limita al ámbito personal y extracurricular de los afiliados" y que el SUP "quiere alejarse de cualquier otra connotación que pueda rodear al mismo", a la vez que reitera su "compromiso con la seguridad ciudadana y la mejora constante de la formación policial".

Por otro lado, Sumar ha pedido la ilegalización de la plataforma, amparándose en el artículo 22 de la Constitución. "Desokupa debe ser ilegalizada. No podemos tolerar grupos parapoliciales", ha señalado en un mensaje publicado en la red social X. Desde el socio minoritario del Gobierno de coalición han insistido en que no pararán "hasta acabar con la infiltración ultraderechista en el Estado".

La secretaria de Organización de Sumar, Lara Hernández, ha recordado  unas declaraciones del dueño de Desokupa, Daniel Esteve, para instar a Interior a que frenara el acuerdo con SUP. "'Limpiar la calle de ratas'. Este es el mantra de la organización paramilitar que formará a la policía. El Ministerio del Interior no puede demandar el freno de la extrema derecha mientras es cómplice de que sus prácticas se extiendan a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado", ha escrito en redes sociales.

También el portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, ha criticado que "una banda escuadrista de extrema derecha" vaya a dar cursos de formación "que puntuarán para miles de policías nacionales". Así, ha adelantado que su grupo parlamentario ha registrado una pregunta al Ministerio, "que tiene que actuar contra la infiltración ultraderechista en las fuerzas y cuerpos de seguridad".

"La agenda de democratización del Estado debe afrontar estas tareas para no ser solo cosmética", ha reivindicado Errejón que, no obstante, después ha celebrado que Interior se abra a impugnar el convenio con la SUP. "La presión sirve. Es por ahí", ha celebrado.

Por su parte, el diputado de Sumar y dirigente de los 'comunes', Gerardo Pisarello, ha insistido al Ministerio que ponga freno "a la presencia ultraderechista en las fuerzas de seguridad" e ilegalice a Desokupa. "Un Estado de derecho digno de ese nombre no pude amparar actos de matonismo parapolicial", ha sostenido.

Por otro lado, los sindicatos de la Policía Nacional Jupol y Agrupación Reformista de Policías (ARP) han rechazado el acuerdo, ya que consideran que puede suponer un "grave perjuicio" para la institución policial y la democracia. En concreto, Jupol ha solicitado a la Dirección General de la Policía que se responsabilice de la formación avanzada que los agentes con nivel IV de Defensa Personal Policial puedan necesitar para que no sean los sindicatos los que tengan que hacerse cargo de esa formación. Todo ello, con el objetivo de evitar "injerencias externas no deseables en la formación de los agentes".

Según ha expresado la organización sindical mediante un comunicado, el acuerdo entre SUP y Desokupa supone un "grave perjuicio" para la institución policial ya que los agentes recibirán una "formación no homologada y no baremable".

Desde la Confederación Española de Policía (CEP) han apuntado que los agentes no necesitan "a nadie de fuera" que les enseñe a realizar su labor. "Tenemos instructores profesionales y cualificados y nos sobran 'porteros' buscando negocio. Alguien ha cometido un error gravísimo, faltando al respeto a compañeros y a todo el Cuerpo", ha subrayado en un mensaje en la red social X.

En la misma línea se ha pronunciado ARP, que considera que el acuerdo supone una "amenaza grave y directa al respeto de los valores democráticos". Por ello, ha pedido que se revisen las subvenciones del sindicato policial.

"Este acuerdo produce en el colectivo y en la sociedad una amenaza grave y directa al respeto de los valores democráticos y al cumplimiento del orden constitucional en el que debe basarse el trabajo de todos los miembros de los cuerpos policiales", ha expresado ARP en una nota.

Así, ha exigido al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que "revise" las subvenciones que el Ministerio otorga a SUP, ya que "con esas actuaciones" se sitúa "en los márgenes de lo permisible".

Para ARP, que una organización como Desokupa, a la que han calificado de "extrema derecha" y de la que han mantenido que "debería ser ilegal", forme a policías "podría introducir sesgos y prejuicios en la actuación policial". Algo que "pone en entredicho el compromiso de la Policía Nacional con el Estado de Derecho y los Principios Democráticos".

Así las cosas, ARP ha interpelado al titular de la cartera de Interior pidiéndole que "defienda" la institución policial e impida que se identifique a todos los agentes de la Policía Nacional "con el fascismo más radical y extremo".

"No se puede financiar con dinero público o de los propios afiliados ajenos a este acuerdo, actividades contrarias a la convivencia social y el buen hacer de los policías de nuestro país", ha sentenciado el comunicado. Además, ha pedido a los "grupos políticos y sindicales democráticos" que se unan y les apoyen para evitar la "peligrosa deriva".

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