La jueza, sobre los supuestos abusos sexuales y maltratos a menores en un centro de Zaragoza: "de una crueldad extrema"

La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Calatayud, Aida Ramírez, ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza para el director del Centro de Acogida de Menores (CAM) de Ateca, Iván R. M., y para los otros cuatro detenidos. La jueza ha valorado el relato de lo que pasaba en la institución como de " extrema crueldad". Todos los arrestados están siendo investigados por supuestos delitos contra la integridad moral, torturas, lesiones y abusos sexuales.

Dos de los detenidos eran educadores del centro, otros dos auxiliares sin cualificación y el máximo responsable, el director, que han sido trasladados al Centro Penitenciario de Zuera, tras declarar ante la jueza.

La instructora considera que los dos menores, que no habían contado nada por miedo a represalias, podrían haber sufrido malos tratos, pero también abusos sexuales.

La investigación judicial comenzó a raíz de las denuncias presentadas por los padres de un adolescente de 16 años y los de una menor de 17 , ambos internados en el Centro de Ateca, en Zaragoza.

En los autos dictados, la instructora estima que existen indicios suficientes de criminalidad para poder considerar a los detenidos responsables de los hechos que se le imputan, conclusiones a la que llega teniendo en cuenta las pruebas practicadas a los dos menores denunciantes, un chico y una chica.

Estos dos "han relatado de forma clara y detallada episodios de maltrato físico y psicológico, así como atentados a su indemnidad sexual, sufridos de forma continuada y permanente en el tiempo, de cuya existencia refieren era conocedor uno de los detenidos", en referencia al director.

La jueza instructora en su auto, explica que "ambos menores han declarado que el detenido tuvo, desde su llegada al centro el año pasado, una actitud de despreocupación absoluta sobre situación.

Los dos, un chico y una chica, han declarado que el responsable del centro "protegía laboralmente a los restantes detenidos", que nunca recibieron sanciones, pese a las quejas del personal del centro y sus advertencias, y que llevó a cabo una investigación incompleta y parcial, tras la denuncia de la madre de uno de los menores .

Dichas manifestaciones "han sido corroboradas por la psicóloga del centro a las que se une lo declarado por el enfermero del centro, a quien, al parecer el director le pidió que hiciera un informe falso sobre el estado del menor denunciante.

Para la instructora, esta actitud del director del centro "supone un manifiesto incumplimiento de sus funciones como garante del cuidado y salvaguarda de los menores desamparados y en situación de riesgo y exclusión familiar y social, como personal de un servicio público". Por ello, la juez considera a Iván R. cooperador necesario, de un posible delito contra la integridad moral.

En cuanto a los otros cuatro detenidos, los dos menores denunciantes han relatado haber sufrido, junto a otros menores, tratos degradantes, físicos y psicológicos de forma constante y retirada en el tiempo por parte de estos cuatro detenidos.

En concreto, el menor relata que "le obligaron a estar de pie injustificadamente durante horas con los brazos en alto, que no ingirió alimento durante días y que llegó a defecarse encima por miedo, sin que le permitieran cambiarse ni asearse.

Por su parte, la menor ha declarado que "desde su llegada al centro en el año 2021, la insultaban y le decían comentarios de carácter sexual acerca de su madre, la agredían injustificadamente mediante bofetadas, empujones y contenciones desproporcionadas y, le quemaban cigarrillos en los brazos y en las piernas".

La jueza señala que se aprecia que la menor tiene diversas marcas por quemaduras de cigarrillos a lo largo de sus brazos". Además, "a estos episodios de abuso físico se añadían otros de índole psicológica y sexual.

Para la instructora, todo ello es una clara muestra "de la barbarie y de la extrema crueldad que sufrieron los menores durante un largo periodo de tiempo, viéndose absolutamente desamparados e impedidos para hablar o pedir auxilio por miedo a mayores represalias y ante el temor a no ser creídos, ya que los ahora detenidos siempre les recriminaban que "nadie les creería" y que "no los querían ni sus familias".

Las declaraciones de las víctimas "han sido corroboradas periféricamente por los informes forenses preliminares obrantes en autos, los cuales reflejan que las lesiones presentadas y que se aprecian en el parte médico de los menores y en las fotografías existentes son compatibles con el mecanismo causal relatado por estos, sin perjuicio de derivar a los mismos a una exploración pericial y psicológica completa en aras de precisar el alcance de las lesiones físicas y psicológicas sufridas".

De forma paralela a los autos dictados sobre los detenidos, la jueza ha decretado el cierre provisional del CAM, centro concertado con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), hasta el total esclarecimiento de los hechos.

Para ello, ha dictado ya diligencias de cese de internamiento para cinco de los menores residentes, ceses de internamiento que se podrían hacerse extensivos a otros nueve menores fugados del centro de Ateca.

La jueza ha solicitado a la Guardia Civil la localización de estos menores y su puesta a disposición judicial para averiguar si han podido ser víctimas de las agresiones y/o abusos que se investigan en esta causa y por si guardan relación con su huida del centro.

Dentro del marco de la investigación, y como paso previo a la toma de declaraciones a los detenidos esta mañana, la jueza ha llamado a declarar en sede judicial a los dos menores autores de la denuncia contra el centro, a la psicóloga, al enfermero del centro y a dos trabajadoras en baja laboral --motivada por los hechos que ahora se investigan--.

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