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Lidia oculta su rostro. Tiene miedo del que fue su marido durante 35 años. Comenzó a maltratarla psicológicamente, luego llegaron los empujones, los tortazos, los tirones de pelo, los insultos continuos. "¿El motivo? Que no le cogiera el teléfono alguna de las 15 veces que llamaba cada hora, que no encontrara una camiseta, que tardara demasiado en hacer la compra... Cualquier motivo. Tú sólo te echabas a temblar cuando escuchabas la puerta de casa". Le conoció muy joven y creía que eso era lo que había. Y empezaron a tener hijos. Lo aguantó todo hasta que sus hija mayor, ya adolescente, la defendía y su marido comenzó a maltratarla también a ella. Un día en una de esas peleas la policía se presentó en casa y lo denunciaron. El juicio se celebró rápidamente y lo condenaron a quince meses. No entró en prisión, pero le impusieron una orden de alejamiento de 500 metros que se saltó reiteradamente. Lo volvieron a condenar y ahí tendría que haber ido a la cárcel pero no fue así porque recurrió. "La policía quiere protegerme pero no pueden. No tienen medios. Me piden que denuncie. Denuncio. Lo condenan, pero está en la calle. ¿Quién me protege a mí y a mis hijos", se queja Lidia. Su abogada pidió una pulsera para ella hace un año y la jueza no se la concedió "porque no había".
Esas pulseras han sido renovadas en los últimos 3 meses para evitar fallos de cobertura. Además han pasado de 3.000 a 5.000 ya que son vitales en la lucha contra los asesinatos machistas. Ninguna mujer protegida con una pulsera ha sido asesinada desde que se implantaron hace 15 años. Son la garantía de que los maltratadores no se saltan a placer las órdenes de alejamiento. El tope son 8.000, afirma la ministra de Igualdad, Ana Redondo. "Por supuesto que hay dispositivos, todavía hay un margen muy importante y toda mujer que realmente necesite un dispositivo va a tenerlo. Hay dispositivos para todas las mujeres que necesiten protección", añade.
En este sentido, el exdelegado del Gobierno de Violencia de Género, Miguel Lorente, pide que se extienda su uso mucho más. Actualmente sólo las tienen 4.775 mujeres, pero hay 54.644 casos que necesitan protección policial con distintos grados de riesgo. Para Lorente, sería necesario que protegieran también a mujeres con calificación de riesgo bajo y medio porque todo depende de si tienen apoyo familiar y social o no lo tienen. Una mujer con un supuesto riesgo bajo según Viogén, si está sola puede perder la vida a manos de su agresor. Eso le ocurrió a Ammal, la mujer asesinada junto a sus dos hijos el pasado fin de semana en Las Pedroñeras (Cuenca).
Pero las pulseras han de estar apoyadas por vigilancia policial y faltan agentes especializados. En las UFAM, Unidades de Atención a la Familia y a la Mujer, sólo hay 1.700 policías que deben proteger a las 54.644 mujeres en riesgo. "Es imposible. Nos da una ratio media de 100 mujeres por cada agente", explica Jacobo Rodríguez, portavoz del Sindicato Unificado de Policía. El SUP, año tras año, elabora un informe con las carencias de las UFAM. "Necesitamos al menos 800 agentes más", asegura Rodríguez que relata las penurias de los policías que trabajan en estas unidades. Una compañera lleva 3 fines de semana sin librar... O están haciendo una vigilancia a un presunto agresor sexual y tienen que dejarlo porque entran dos mujeres en comisaría a poner denuncias... Ni siquiera tenemos sillitas para llevar a los niños de las víctimas en el coche cuando tenemos que trasladarlas al hospital".
Una falta de medios que se extiende a los tribunales. Emilia Zaballos, del despacho Zaballos Abogados, lleva años defendiendo a mujeres maltratadas y ve fallos evidentes. La obligación del juez y el fiscal es la de seguir investigando las denuncias si las mujeres las retiran "porque la mayoría de las veces lo hacen por el miedo al mal funcionamiento de la justicia". En lugar de eso se archivan. También se ha encontrado con escasez de pulseras o a veces de plazas en casas de acogida. Los fallos de calificación de riesgo del sistema VioGen también son frecuentes porque las preguntas son de sí o no, no admiten matices. Además, la mujer en ese momento está en shock y en muchas ocasiones los funcionarios que rellenan el cuestionario no son especialistas. Otra de las cuestiones que se ponen en duda del algoritmo es que rebaja el riesgo de los casos si no hay efectivos suficientes para cubrirlos.
A pesar de estos fallos, la ley integral para la Violencia de Género, aprobada en 2004, ha funcionado bien, según la ministra de Igualdad. Y los datos reflejan el descenso de homicidios en estos 20 años. Hoy hay un 19% menos de asesinados machistas que en 2004. Ana Redondo hace un llamamiento a las mujeres maltratadas: "El sistema te va a proteger. Puede haber fallos, por supuesto, no hay perfección en el sistema, pero es mucho mejor pedir ayuda, pedir protección, denunciar. No podemos caer en el desánimo".
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