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La Comisión Gestora del Arzobispado de Burgos ha asegurado que "jamás" ha expresado "ninguna amenaza al recurso a la fuerza pública" ni "ningún tipo de coacción" y ha subrayado su "respeto y consideración hacia las exreligiosas" de Belorado, si bien ha aclarado que eso "no es óbice" para que se haya comunicado que de no abandonar las monjas excomulgadas el convento, se iniciarán acciones legales.
Así lo ha manifestado en un comunicado de respuesta a las exreligiosas, quienes afirmaron que no reconocen, en la presente situación, "autoridad alguna a nadie más que a los Tribunales de Justicia" para ordenar su desalojo y denunciaron "amenazas al recurso a la fuerza pública" para su desahucio, que "sólo cabría si se acompaña de una resolución judicial" contra ellas.
En este sentido, la Comisión Gestora nombrada por el arzobispo de Burgos y comisario pontificio, Mario Iceta, ha recordado que han sido las monjas excomulgadas "quienes recurrieron a la fuerza pública, cuando requirieron la intervención de la Guardia Civil para proceder a la expulsión del monasterio de los miembros de la Comisión Gestora", y cuando "denunciaron ante la Policía Nacional, y después ratificaron ante los Juzgados de Burgos, al mismo comisario pontificio".
Asimismo, ha celebrado que las exreligiosas "reconozcan la autoridad de los Tribunales de Justicia", si bien ha advertido de que "no se llega a comprender" que en su comunicado las residentes en el monasterio de Belorado hagan referencia "a dar una resolución extrajudicial al conflicto".
"No puede entenderse como un conflicto la actuación del comisario pontificio y representante legal nombrado por la Santa Sede, en aras a preservar la integridad de la persona jurídica de los monasterios, de quienes legítimamente habitan en ellos y de los bienes monásticos. Por eso no tiene sentido la interlocución con 'comisión profesionalizada' alguna; únicamente el cumplimiento de la legalidad vigente", ha explicado la respecto.
La Comisión Gestora, que ha reiterado su preocupación por las hermanas mayores del convento cuyo "acompañamiento dificultan" las exreligiosas, ha incidido en que el comunicado de estas "vuelve a expresar su voluntad libre y personal de separación de la Iglesia católica".
En este sentido, ha lamentado que, además, "afirman querer secularizar la actividad que se lleva a cabo en el monasterio, para lo que han presentado instancia para otorgar naturaleza civil a esta actividad". A este respecto, la Comisión Gestora ha recordado que el monasterio ya tiene naturaleza civil, al tener personalidad jurídica canónica en virtud de los Acuerdos Jurídicos de 1979 entre la Santa Sede y el Estado Español.
Asimismo, ha señalado que el monasterio es propiedad de la Comunidad de Religiosas Clarisas de Belorado, "siendo por tanto un bien de titularidad eclesiástica", y ha insistido en que desde el momento en el que la ahora exreligiosas "incurrieron en excomunión" ya no forman parte de la citada comunidad y, por lo tanto, no son "poseedoras del inmueble".
Así, ha avisado de que "no se ajusta a la verdad" la afirmación de las exreligiosas de que se les "pretende echar hasta las puertas de la calle". "No es nuestra intención causar ningún perjuicio (...). Pero, en realidad, son ellas quienes se han apartado de la Iglesia católica por una decisión 'libre y personal', hecho que conlleva aparejada la exclusión de la vida consagrada", ha subrayado la Comisión Gestora al respecto.
Respecto a la intervención de las cuentas corrientes, esta ha indicado que desde el momento en el que Iceta fue nombrado comisario pontificio, le corresponde a él la administración de los bienes y las supervisión de estas cuentas, y sobre las peticiones de pagos dirigidas a la Comisión sobre necesidades inmediatas para mantener los monasterios, esta ha apuntado que "están siendo estudiadas para resolverlas adecuadamente".
"Ante todo, hay que hacer frente a un evidente problema de liquidez en las cuentas bancarias, dado que el saldo obrante en ellas no permite satisfacer todos los pagos de manera inmediata", ha apostillado.
Por otro lado, ha censurado que pese a que el pasado 6 de junio tres miembros de la Comisión Gestora se personaron en el monasterio para establecer "un cauce de interlocución económica" a través de la secretaria y ecónoma de la Federación de Clarisas de Nuestra Señora de Aránzazu, "en ningún momento se ha facilitado esta labor por parte de las exreligiosas.
En este sentido, ha precisado que se ha tenido que requerir "incluso en dos ocasiones más dicha información". "Hasta la fecha, esta documentación aún no ha sido entregada, dificultando así la correcta administración de los monasterios", ha informado.
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