El Constitucional anula la condena por prevaricación a la exministra Magdalena Álvarez por los ERE de Andalucía
El pleno del Tribunal Constitucional adoptado la decisión a favor de la exministra socialista por mayoría
Este fallo es clave para resolver los otros 10 recursos pendientes como el del expresidente Jose Antonio Griñán
La Fiscalía del Constitucional ya era partidaria de estimar los recursos por prevaricación, no así los de malversación
El Pleno del Tribunal Constitucional ha anulado este miércoles por mayoría la condena a nueve años de inhabilitación por prevaricación a la exministra y exconsejera, Magdalena Álvarez, por los ERE de Andalucía, informan a EFE fuentes jurídicas.
Fuentes jurídicas informan a EFE de que la corte de garantías ha estimado el recurso de amparo de la exministra con los siete votos a favor de la mayoría progresista frente a los cuatro votos en contra de la minoría conservadora que conforman Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Cesar Tolosa y Concepción Espejel.
La sentencia de la vicepresidenta del tribunal, Inmaculada Montalbán, obliga a la Audiencia de Sevilla a redactar una nueva sentencia que rebaje sustancialmente la pena en relación al delito de prevaricación, que es el que afecta a la exministra, de manera que excluya los hechos que no pueden ser calificados de resolución administrativa injusta, explican las fuentes.
Una posibilidad para el expresidente andaluz
Este fallo será clave para resolver los otros diez recursos pendientes de condenados por los ERE, entre ellos, el del expresidente de la Junta, Jose Antonio Griñán.
Se trata del primer recurso de calado que resuelve el tribunal sobre la sentencia de los ERE, una vez que el lunes rechazó el del exconsejero andaluz de Empleo y Desarrollo Tecnológico, José Antonio Viera -actualmente en tercer grado por sus problemas de salud-, condenado a siete años de prisión por malversación y prevaricación, por falta de fundamentación de la demanda.
Los magistrados siguen así el criterio de la Fiscalía del Constitucional, que pidió estimar los recursos de ocho de los condenados, todos ellos sentenciados solo por prevaricación, y rechazar los recursos de tres más, aquellos que suman el delito de malversación, que fue por el que el del expresidente de la Junta, José Antonio Griñán, fue condenado a penas de prisión.
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