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Las clarisas de Belorado y Orduña (Burgos), que anunciaron que abandonaban la Iglesia de Roma debido a la "persecución" que sufrían, han pedido en redes sociales ayuda económica o en especie ante el “bloqueo” de las cuentas por parte del arzobispo de Burgos, Mario Iceta, que como comisario pontificio ha asumido su control y, según denuncian, les impide el acceso para comprar sus productos cotidianos.
En un nuevo mensaje a través de Instagram, de su cuenta @tehagoluz, las monjas han insistido en que Iceta les ha bloqueado el acceso “al fruto de su trabajo diario”, con la connivencia de las entidades bancarias, que “parecen haberse guiado más por la confusión mediática que por la lógica y la legalidad vigente”, han lamentado.
El control de las cuentas, que el Arzobispado de Burgos justifica en las funciones encomendadas a Iceta por la Santa Sede en cuanto comisario pontificio, a la vez que asegura que no están bloqueadas sino intervenidas, no afecta a la cuenta desde la que se realizan los pagos periódicos para las obras del monasterio de Orduña, han indicado la religiosas.
La publicación de las clarisas de Belorado y Orduña:
Al resto no tienen acceso desde hace varios días, lo que las imposibilita para comprar los productos básicos, como alimentos y materiales de cuidado de las más mayores, y también la materia prima para su obrador, el alimento para sus animales de granja, el pago de nóminas y el resto de pagos para mantener el monasterio.
“Don Mario, que detenta el control de las cuentas corrientes, pretende que le solicitemos a él nuestro dinero, lo que supondría, de facto, el reconocimiento de la legitimidad de la usurpación”, han insistido, al tiempo que afirman que sus empleados están teniendo que acudir al Arzobispado para “reclamar por derecho lo que les pertenece”.
Una situación que ha llevado a las religiosas a pedir, en esa la red social, colaboración económica, en especie o a través de la difusión del mensaje, que incluye un número de cuenta “no usurpada” a nombre de la exabadesa.
El nombramiento de Iceta como comisario pontificio le ha otorgado plenos poderes sobre el monasterio, tanto religiosos como patrimoniales y administrativos, lo que ha llevado a asumir la tutela de las cuentas, si bien fuentes del Arzobispado insisten en que las monjas pueden solicitar lo que precisen a través de la Federación de Clarisas de Nuestra Señora de Aránzazu.
Por otra parte, la comunidad religiosa ha indicado que se plantean la necesidad de contratar los servicios de seguridad privada para “garantizar en lo posible su integridad física y la conservación del patrimonio” pues, ante el revuelo mediático generado por su caso, se ha creado un “todo vale”.
Denuncian el lanzamiento de petardos y botes de humo al monasterio de madrugada, gritos e intrusiones en el perímetro, además de cámaras ocultas y “acoso” de los periodistas a todo el que entra y sale del recinto, lo que les llevó el pasado martes a llamar a la Guardia Civil.
Las monjas han vuelto a insistir en que “no entienden que una declaración pública y expresa de abandono de la Iglesia conciliar no tenga el efecto inmediato de su exclusión del ámbito de aplicación del Código de Derecho Canónico”, en referencia al manifiesto católico y la carta que hicieron pública hace justo un mes.
Mientras, en el Arzobispado de Burgos continúan a la espera de que la notario confirme que las religiosas no han entregado una copia de las llaves del monasterio, como se les requirió el pasado jueves, y de que acudan a la convocatoria del Tribunal Eclesiástico para reafirmarse en su decisión de salir de la Iglesia, lo que conllevaría su excomunión, o retractarse.
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