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La Guardia Civil lucha hace tiempo contra las aplicaciones que advierten de la presencia de controles en carretera, tanto de los que vigilan la velocidad como de los que detectan el consumo de alcohol y/o sustancias estupefacientes. Galicia, donde se registraron las primeras multas, investiga los soplos a través de mensajería.
Los chivatazos en apps como WhatsApp o Telegram suponen un problema para la Dirección General de Tráfico (DGT) y para la Guardia Civil puesto que se pierde el factor sorpresa y muchos conductores optan por esquivarlos.
Según informó el diario La Opinión de A Coruña, la Guardia Civil de Tráfico impuso en la comunidad gallega, hace unos meses, las dos primeras sanciones económicas a nivel nacional por dicho motivo.
La primera multa fue para una aplicación específica creada para alertar de los controles. La otra fue para un particular que gestiona grupos de WhatsApp, con más de 15.000 usuarios, en los que se encarga de advertir de la presencia policial en las distintas carreteras.
Cabe destacar que no se trata de sanciones tramitadas por incumplir la Ley de Tráfico y Seguridad Vial, es decir, no son responsabilidad de la DGT, sino en base a la Ley de Seguridad Ciudadana. Ésta, en el punto 23 de su artículo 36, especifica que se considera una infracción grave el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales que comprometan una operación policial.
A pesar de que no ha trascendido la cantidad exacta del castigo, al ser calificada como una infracción grave, la multa a pagar oscila entre los 600 y 3.000 euros. La cuantía final, no obstante, se calcula en base a otros factores como el perjuicio causado o el lucro obtenido.
La DGT ya estudia cómo prohibir jurídicamente las aplicaciones de avisos. El propio director general de Tráfico, Pere Navarro, confirmó al citado medio gallego las intenciones del Ministerio del Interior y señaló que advertir por redes de los controles policiales "socava gravemente la seguridad vial ya que permite a los infractores evadir la ley, poniendo en riesgo la vida de todos los usuarios de las vías. Es un acto insolidario que va contra la línea de flotación de la seguridad vial".
Por otra parte, las autoridades también castigan por alertar del kilómetro exacto en el que se encuentran los radares móviles. La Guardia Civil suele indicar el tramo en el que se sitúan para controlar la velocidad, pero nunca el punto concreto, por lo que compartir esta información suele suponer una sanción de 200 euros.
Además, el hecho de avisar a un vehículo en sentido contrario de que se aproxima a un control policial, empleando las luces largas, está penalizado con 80 euros, un castigo que asciende a 200 euros si se deslumbra por la potencia de los faros. Si todo ello finaliza en un accidente, la sanción alcanza los 500 euros.
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