El caso de las monjas clarisas de Belorado y la trama de compraventa del monasterio de Santa Clara en Orduña continúa revolucionando los cimientos de la Iglesia y promete nuevos capítulos. Mientras las clarisas de Vitoria han decidido escalar el tema desde lo eclesiástico a lo judicial por el impago del edificio religioso, la Conferencia Episcopal ha elevado ya los mecanismos de presión contra las llamadas ‘monjas rebeldes’, a las que, para mayor escarnio en la Iglesia, acompaña con vehemencia Pablo de Rojas Sánchez-Franco, obispo excomulgado en 2019 y fundador de la llamada Pía Unión Sancti Pauli Apostoli, que no está en comunión con Roma y que consideran “una secta”.

Este último, precisamente, hablaba recientemente para esta casa y, en declaraciones a TardeAR desde el convento de Belorado, en Burgos, epicentro del conflicto, escenificaba la ruptura con Roma que días antes habían manifestado también las rebeldes clarisas: “Es un hereje, evidentemente”, decía refiriéndose al actual Papa Francisco, al tiempo en que reconocía, en otro orden de las cosas, que es un “gran admirador de la doctrina social” que Franco “impuso” en España.

Con este panorama, niega que las monjas clarisas estén retenidas en el monasterio de Belorado contra su voluntad, y a postilla: “Ni están recluidas ni están mal de la cabeza, al contrario, tienen una salud mental y espiritual radiante”.

Lo mismo han señalado las propias monjas en las redes sociales, mientras desde la Conferencia Episcopal han advertido que las expresiones utilizadas por las monjas parecen fruto de engaños: “Tenemos una situación que es prácticamente de secta”, insisten.

Mientras, aunque dentro del convento se respira tranquilidad, fuera de él la disputa continúa, con las clarisas de Vitoria anunciando la citada demanda contra las hermanas de Belorado.

La cuestión parte del citado contrato de compraventa que las llamadas ‘monjas rebeldes’ firmaron para hacerse con el control del citado monasterio de Santa Clara de Orduña, en Vizcaya. Se comprometieron a abonar 1,3 millones de euros, pero al parecer solo efectuaron un primer pago de 100.000.

Su propósito era vender un convento en Derio, perteneciente a la Diócesis de Bilbao, con el que pretendían conseguir el dinero para comprar el de Orduña, pero, según alegaron, la Iglesia estaba bloqueando la venta, y de ahí que anunciasen su ruptura con Roma, aunque las archidócesis de Burgos, Bilbao y Vitoria han negado haber recibido solicitud alguna.

Las monjas apuntaban a diferencias ideológicas, pero la realidad es que esa ruptura se produjo justo después de que las clarisas de Vitoria, que eran propietarias legales del monasterio de Orduña, rechazaran que la compra fuera avalada con el dinero de un benefactor anónimo, anunciando un proceso judicial para recuperar el edificio religioso y denunciar el impago.

Respecto a esto último, con Pablo de Rojas Sánchez-Franco, no es difícil adivinar hacia quién mira la Iglesia cuando se habla de ese supuesto benefactor.

Por su parte, como señala El Correo, el propio Obispado de Vitoria ha reconocido que prestó dinero a las rebeldes de Belorado por su “grave situación económica”, señalando que “se pasaban 24 horas en el obrador” para “subsistir”.

No obstante, el caso ha terminado por convertirse en un auténtico cisma para la Iglesia, que tiene ante sí una situación de una magnitud sin precedentes. Como recoge el citado medio, ante la enorme polémica, la Federación de Clarisas de Nuestra Señora de Arantzazu, institución que agrupa las religiosas franciscanas de 43 monasterios, se pronunciaba ayer con un comunicado en el que, mostrando “sorpresa y dolor”, daba por expulsadas de la Orden de Santa Clara a las rebeldes de Belorado.

Animándolas, eso sí, a “volver”, la cuestión de si siguen siendo clarisas, que afecta a los monasterios de Derio (el que querían vender para obtener su dinero), el de Orduña (el que no han terminado de pagar y adquirir, pero donde permanecen algunas de ellas) y el de Belorado (donde se refugia la mayoría) es también importante.

Fundamentalmente, las monjas rebeldes han roto con el Vaticano y podrían entender que ya no siguen sus normas, pudiendo vender los inmuebles según sus intereses. La Iglesia, al contrario, mantiene que al dejar la orden perderían todo el derecho. Por eso, como apunta El Correo, los arzobispados se encuentran ante una situación insólita que, más allá de lo eclesiástico, alcanza lo jurídico, desconcertando a todos en medio de su amplia difusión mediática.

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