Patricia Ramírez, madre del niño Gabriel Cruz, considera que el aislamiento al que ha sido sometida Ana Julia Quezada, la asesina de su hijo, en la cárcel de Brieva (Ávila), es un “lavado de cara”.

Fuentes penitenciarias han confirmado a EFE que Quezada, condenada a prisión permanente revisable, fue trasladada el pasado sábado a una celda de aislamiento después de que la madre del menor anunciara que interpondrá querellas judiciales contra la reclusa por supuestamente haber mantenido entrevistas para la grabación de un documental sobre ella.

“No sé nada, a nosotros no nos han trasladado nada y no entendemos absolutamente nada. Esta ‘solidaridad no la entendemos”, ha apuntado Ramírez en declaraciones a EFE, en las que ha señalado que por parte del Ministerio del Interior o del juez de vigilancia penitenciaria no se ha informado a la familia sobre esta decisión.

“Es un lavado de cara porque si yo soy su amiga y estoy autorizada, o si soy un familiar o su abogado, se puede sentar alguien al lado, hacer la videoconferencia y volver a grabar. Me parece demencial lo que está pasando y, lo que es de traca, es que ordenen ahora el cacheo de la presa cuando saben desde el 27 de diciembre que puede tener un móvil”, ha añadido la madre de Gabriel.

Fuentes penitenciarias han confirmado también a EFE que Ana Julia Quezada fue sometida a un registro en la cárcel, tras el que no se encontró nada relevante, y han insistido en que no hay indicio alguno que permita aventurar que disponga de un teléfono móvil para participar en una serie.

La madre de Gabriel ha querido aclarar que “jamás” ha dicho que “los funcionarios la ayuden a grabar” este documental: “He dicho que parece que tiene un móvil en la cárcel. Aparte que parece ser que hay complicidades de funcionarios y, aparte, que se la está intentando grabar porque hay videoconferencias. Hasta ahí es donde puedo leer porque se va a abrir un procedimiento judicial”, ha insistido.

Ha lamentado esta confusión y ha aseverado que se ha “obligado a ser clara” tras tener que volver a exponerse ante la opinión pública cuando desde la administración se podía haber “resuelto” y concluido todo este problema de forma “privada”.

“Lo tenían muy fácil: Decir, mira se nos ha colado en las videoconferencias, es posible que hubiese irregularidades, y a partir de ahí aseguramos que vamos a hacer lo imposible para evitar que vuelva a suceder” y “no hubiese tenido que hacer nada de esto, aquí paz y después gloria, y después a mi casa, que es donde tengo que estar”, ha argumentado Ramírez. 

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