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Un juzgado de Francia ha condenado al Vaticano a pagar a una monja que fue expulsada de su orden 200.000 euros en concepto de “despido improcedente”. La sentencia es pionera porque equipara la vocación de servicio a Dios con una relación laboral.
A la exreligiosa, Sabin Baudin de la Valette o Sor Marie Ferréol, que estuvo 34 años en la orden de las Hermanas Dominicanas del Espíruto Santo en el monasterio de Pont Calec, en la Bretaña, el dinero le vendrá especialmente bien porque actualmente vive en la indigencia según informa ABC.
El tribunal civil de Lorient, en Francia, ha emitido una sentencia pionera porque supone una injerencia en una cuestión interna de la Iglesia, que tomaron el cardenal Marc Ouellet y sus dos colaboradores Jean-Charles Nault y Maylis Desjobert.
Según la abogada de la exmonja, los problemas comenzaron en 2011 cuando ella denunció “graves abusos y sucesos” en la vida del monasterio, algo que envenenó el ambiente de la comunidad. Sin embargo, los hechos denunciados no han trascendido, según el citado diario.
El Papa Francisco ordenó a Ouellet que acudiera al monasterio a investigar qué sucedía. Su conclusión tras una semana de trabajo in situ fue: la expulsión de la monja, primero temporal, y luego definitiva.
Ouellet la acusó de “mentiras y simulaciones”, de crear “mal espíritu” y un “clima de sospecha y de miedo” en el monasterio.
Sor Marie Ferréol asegura que la expulsaron de noche y que no le dieron posibilidad de defenderse. La dejaron en la calle y no recibió ningún tipo de ayuda. Así que el pasado agosto, cuenta ABC, presentó una denuncia contra el cardenal “por los daños materiales y morales sufridos”.
Armelle Picard, presidenta del tribunal de Lorient, lamenta no haber tenido acceso a documentos de la Iglesia relativos a la expulsión de la monja y explica que no se le dieron motivos para el despido, solo reproches como “la manipulación de personas, comentarios críticos y destructivos, ataques contra la verdad, espíritu rebelde y crítica sistemática”.
El tribunal considera que no fue respetado el procedimiento de despido y que no se le ayudó después de 34 años de servicio.
El tribunal ha impuesto a los tres acusados y al monasterio el pago de una indemnización de más de 200.000 euros. Además, la comunidad deberá añadir otros 33.622 euros por no haberla ayudado tras la expulsión.
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