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Técnicos de la Agencia de Salud Pública de Barcelona han ratificado ante el juez la falta de higiene y las malas prácticas que detectaron en el Geriàtric Aragó de Barcelona, lo que en su opinión pudo propiciar el brote de salmonela que en 2022 provocó la muerte de ocho ancianos.
Según fuentes jurídicas, este lunes han declarado, ante el titular del juzgado de instrucción número 17 de Barcelona, como investigados, tres miembros de la dirección del geriátrico y, como testigos, seis técnicos de la Agencia de Salud Pública de Barcelona, un consorcio encargado de gestionar los servicios de salud pública de Barcelona integrado por el ayuntamiento y la Generalitat.
La causa se deriva de una denuncia que presentó la Fiscalía a raíz del brote, en la que acusaba a los responsables de la residencia de ocho delitos de imprudencia grave con resultado de muerte, al considerar que incumplieron su obligación de comunicar a la Agencia de Salud Pública los casos de salmonela del geriátrico y negaron que los residentes se hubieran contagiado.
Un informe de la Agencia de Salud Pública de marzo de 2023 sobre las condiciones de la residencia constataba que la falta de higiene del centro y las malas praxis suponían un riesgo para la salud pública de los ancianos que pudo materializarse en el brote de salmonela que, entre julio y septiembre de 2022, infectó a 37 personas, ocho de las cuales murieron.
Los técnicos han ratificado hoy ante el juez las conclusiones de su informe, fruto de las inspecciones llevadas a cabo tras detectarse el brote y que también alertaba de la falta de atención sanitaria a los ancianos que residían en el geriátrico.
Por su parte, los tres investigados que han declarado este lunes, el administrador del geriátrico, la directora y la gobernanta, han negado las acusaciones de la Fiscalía y la Agencia de Salud y han insistido en que no gestionan un socio-sanitario, sino un centro residencial, con una dilatada experiencia y un personal debidamente formado.
Los investigados, asistidos por los letrados José Luis Granados y Ester Aparicio, del bufete Maluenda Abogados, han subrayado que siguieron las indicaciones de las autoridades sanitarias sobre cómo gestionar el brote de salmonela y que en ningún momento se obstaculizaron las inspecciones en el centro.
Además, han argumentado que a raíz de los casos de salmonela del verano de 2022 el centro adoptó todas las medidas exigidas por la administración para minimizar los riesgos de brotes infecciosos entre los internos.
Junto a esos tres miembros de la dirección, está también investigada la doctora de la residencia, cuya declaración se ha aplazado a la espera de recibir documentación médica relacionada con el caso.
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