Una semana después de este terrible incendio con 10 muertos y 400 personas que lo han perdido todo, surgen dos preguntas ¿Pudo evitarse? ¿Quién puede resultar responsable judicialmente? Son varios los expertos que creen que si se hubiera hecho un censo de edificios de riesgo y cambios en la fachada tras el incendio ocurrido en Londres en 2017, las consecuencias de este fuego habrían sido mucho menores. Es importante conocer la causa, dicen, para que no vuelva a repetirse.

Los ojos de los investigadores están puestos en las placas de aluminio utilizadas en el edificio de Valencia. Son muy similares a las usadas en la Torre Grenfell, quemada en Londres en 2017 con 71 muertos. Ese incendio provocó cambios legales de edificación en España en 2019. Las nuevas construcciones se hicieron más seguras pero, ¿se hizo algo con los edificios levantados hasta ese momento? No, ni un censo, ni una revisión. Nada. El gobierno no pidió cambios y por eso los edificios siguen con sus fallos y son completamente legales. Como el incendiado. Por eso será complicado que haya responsabilidades judiciales. Ni del promotor, que quebró en 2010 con una deuda de 600 millones de euros. "Es como una persona que hubiera fallecido, no tiene responsabilidad", afirma Miguel Ángel Martínez, abogado colaborador de Vía Pericial.

Tampoco del fabricante de la fachada, que se adaptó a la legislación vigente, asegura el decano del Colegio de Arquitectos de Valencia, Luis Sendra.

Tampoco del arquitecto. La responsabilidad de estos profesionales se extingue a los diez años de concluir la obra. "Es posible que al final no haya un responsable porque todo se hizo de acuerdo a normativa. Lo que nos corresponderá como sociedad es hacer una reflexión colectiva... No hemos sido suficientemente capaces o responsables con la sociedad como para dotarnos de una normativa suficiente", argumenta Fernando Landecho, del Colegio de Arquitectos de Madrid.

Pero, el Estado sí podría resultar responsable patrimonial, porque según algunos expertos sí debió velar por la seguridad en los edificios ya construidos con materiales que se demostraron podían resultar peligrosos. "Si la administración tuvo conocimiento de edificios que tenían materiales que podían constituir un riesgo, tenía que haber intervenido. Indudablemente. A partir de ahí sí que se podría generar una responsabilidad de la administración", asegura Martínez.

Este peligro se comprobó en el incendio de Londres de 2017, muy similar al sucedido en Valencia. Dos años después, España aplicó reformas en la normativa para edificar este tipo de fachadas con seguridad, sobre todo cuando los edificios superan cierta altura. Pero no se ordenó ni comprobar cuántos edificios se habían levantado en los años anteriores ni tampoco examinar el riesgo que suponían. En Inglaterra sí se hizo, contabilizaron 75 mil edificios parecidos, medio millar de ellos con un riesgo grave de incendio. 

Tras el incendio de Valencia los colegios de arquitectos piden a la administración cambios. Un censo real y subvenciones para cambios en estas fachadas, para evitar que un drama así vuelva a repetirse.  

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