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Los hijos menores de madres maltratadas, así como los adolescentes que sufran sumisión química o pinchazos, serán atendidos como víctimas de violencia infantil en todos los niveles asistenciales del sistema sanitario, de acuerdo al protocolo de que ha diseñado el Ministerio de Sanidad con las comunidades.
Este protocolo, aprobado por la Comisión frente a la Violencia en los niños, niñas y adolescentes del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CoViNNA) y publicado este lunes, unifica, a partir de las distintas estrategias autonómicas, la respuesta que el ámbito sanitario debe dar a la violencia en la infancia y la adolescencia a nivel nacional.
¿Y qué tipos de violencia infantil existen? El documento recoge una docena: la negligencia, la violencia emocional o psicológica; la física y sexual; la trata y explotación infantil; la violencia de género y la mutilación genital femenina -que cuenta con su propio protocolo sanitario-; y el maltrato prenatal y perinatal.
También el trastorno facticio inducido por la persona cuidadora -situaciones en que un niño recibe atención médica innecesaria y dañina o potencialmente dañina debido a una persona responsable-; la violencia ejercida en las instituciones y otras prácticas como la sumisión y/o vulnerabilidad química; las agresiones con objetos punzantes; el acoso y ciberacoso; la difusión pública de datos o material audiovisual privados, el matrimonio forzado o el odio.
Dirigido a todos profesionales que tienen contacto con menores, tanto asistenciales como no asistenciales, el protocolo dedica un papel primordial de la Atención Primaria, que deberá hacer preferentemente la valoración del riesgo psicosocial, el seguimiento, derivación y coordinación a servicios sociales, salud mental infanto-juvenil, unidad de pediatría social hospitalaria u otra unidad especializada si se precisa.
El Registro Unificado de Maltrato Infantil (RUMI) contabilizó 21.521 notificaciones en 2021, lo que supuso un incremento del 37,18 % respecto al año anterior pero, tal y como advierte el documento, "como ocurre a nivel internacional, diversos estudios de prevalencia muestran que está infranotificado".
Un 48,6 % de las notificaciones eran relativas a niñas y el 51,34 % a niños; la más habitual fue la negligencia (42,75 %), seguida de la violencia emocional (30,75 %), la física (19,91 %) y la sexual (9,59 %) que, aunque fue la menos frecuente, se disparó un 133,66 % respecto a 2020.
En todos los tipos de violencia se notifican más sospechas en el sexo femenino que en el masculino, salvo en el de negligencia. La mayor diferencia entre ambos aparece con la violencia sexual, en la que la mayoría -el 57,61 %- corresponden a niñas.
Siete de cada diez son de nacionalidad española, y más de la mitad son adolescentes de 11 a 17 años. Casi un tercio de los casos, el 32 %, se registran en la franja de edad de 11 a 14, "lo que no necesariamente significa que sean las franjas de edad donde más casos se den, ya que de cero a seis años la detección de víctimas de violencia es especialmente compleja".
La prevalencia global de violencia sobre menores con discapacidad es del 31,7 %, si bien solo se está detectando en un 3 % de los casos.
La violencia infantil afecta a la salud y el bienestar "a lo largo de toda la vida, constituyendo un grave problema de salud pública", resalta el protocolo; el estrés que conlleva afecta al desarrollo cerebral, sobre todo durante los primeros años de vida, y en la adolescencia pueden verse afectado el vínculo de apego, problemas cognitivos, de lenguaje, desarrollo psicomotor, mayor impulsividad y baja autoestima, etc.
También afecta a los sistemas endocrino, circulatorio, osteomuscular, reproductivo, respiratorio e inmunológico, sin olvidar los costes económicos derivados de su abordaje: el gasto anual estimado para España únicamente de la violencia sexual en menores es de 979 millones de euros, sin contar con datos de lo que se invierte en prevención de la violencia, sensibilización y educación.
El abordaje integral de la violencia infantil en el ámbito sanitario empezará desde el mismo momento de su detección o sospecha de un posible caso, atendiendo a unos indicadores específicos de cada tipo e violencia a los que deberán prestar atención los profesionales sanitarios.
Lo que también tendrán que hacer es evitar "estigmatizar, ya que el maltrato o violencia se puede producir en todos los modelos de familia independientemente de su nivel socioeconómico, educativo, cultural, etc. y también fuera del entorno familiar".
Además, ser víctima de un tipo de violencia "puede propiciar serlo de otro tipo o pueden ocurrir simultáneamente".
Especialmente importante es que identifiquen situaciones que aumentan la vulnerabilidad, como una discapacidad, tener de cero a tres años, el origen racial, étnico o nacional diverso, una situación de desventaja económica, pertenecer al colectivo LGTBI, el tener una orientación o identidad de género diversa, ser refugiado o solicitante de asilo, carecer de cuidados parentales o pertenecer a una familia con un historial previo de maltrato.
Una vez detectado un posible caso, deberán realizar "una minuciosa historia clínica y social", así como realizar pruebas para llevar a cabo un diagnóstico diferencial preciso que descarte o confirme esa sospecha.
Con todo, también será necesaria una coordinación de todas las administraciones públicas, tanto dentro de las instituciones sanitarias" como entre ellas y entre ellas y otras instituciones que participan en el proceso como los servicios sociales, los juzgados o las fuerzas de seguridad, entre otros.
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