El juicio al futbolista Dani Alves por presuntamente agredir sexualmente a una joven en una discoteca de Barcelona solo será a puerta cerrada cuando declare la denunciante, y el resto de la vista no podrá grabarse ni emitirse en medios de comunicación.

Lo ha acordado la Audiencia de Barcelona en un auto este jueves, consultado pro Europa Press, en respuesta a la Fiscalía y la acusación particular, que pidieron que el juicio se hiciera íntegramente a puerta cerrada, es decir, sin público en la sala y sin que los periodistas pudieran escucharlo ni retransmitirlo.

El juicio está fijado para la semana que viene, de lunes 5 de febrero a miércoles 7 de febrero, y el tribunal ha optado por blindar únicamente la declaración de la denunciante como forma de proteger su intimidad, y con la misma finalidad ha añadido otras condiciones.

En este sentido, el tribunal ha ordenado que todas las personas que intervengan en el juicio (el propio Alves, abogados, testigos y peritos) se refieran a la víctima como "la denunciante", sin decir su nombre ni apellidos.

Aunque se hará a puerta cerrada, la declaración de la mujer se grabará como prueba, y "para evitar que con posterioridad se pueda filtrar su imagen o su voz", la grabación se hará con la voz distorsionada y la imagen pixelada.

Cuando declare en el juicio, la denunciante estará separada de Alves por un biombo para evitar que haya contacto visual entre ellos.

En cuanto a la cobertura mediática, los periodistas podrán escuchar y relatar el contenido del juicio, pero no grabarlo ni retransmitir imágenes ni grabaciones de audio de lo que ocurra en la sala, incluido el interrogatorio al futbolista.

El tribunal sí permitirá que los periodistas tomen fotografías e imágenes de recurso justo al inicio del juicio, antes de que los implicados intervengan.

Los magistrados han prohibido "expresamente" divulgar o publicar información sobre la intimidad de la mujer o datos que puedan facilitar identificarla, y también ha aclarado que los periodistas no podrán tomar imágenes de ella o sus familiares cercanos que intervengan en el juicio.

Para tomar esta decisión, el tribunal ha tenido en cuenta el principio de publicidad de las actuaciones judiciales, recogido en la ley y en la Constitución, así como las limitaciones que prevé el Estatuto de la Víctima para protegerlas.

Alves está acusado de presuntamente agredir sexualmente a la joven en un baño de la discoteca Sutton el 30 de diciembre de 2022, y se enfrenta a una petición de condena a nueve años de cárcel por parte de Fiscalía y de 12 años por parte de la acusación particular que ejerce la denunciante. Además, se pide una indemnización para la víctima de 150.000 euros.

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