El negocio de okupar viviendas llega a las redes sociales. "Piso 3 habitaciones al lado del metro de Usera con el agua y la luz"; "Casa baja tipo lof lo que ves en el vídeo sin alarma en Leganés"; "Pisos del banco para hoy mismo, con DNI o sin DNI", son algunas de las ofertas que se publicitan para okupar ilegalmente domicilios de bancos, fondos de inversión o empresas. El precio de las propiedades oscila entre los 1.200 y los 1.600 euros. Y es que los okupas tienen unos derechos que varían en función de si están okupando una vivienda habitual o se trata de la segunda vivienda.
"Como consecuencia de la necesidad social de vivienda, se ha profesionalizado sin rubor esta delincuencia", explica el abogado Luis García Botella, de GBA Label Abogados, un despacho que ya ha llevado hasta la Policía un buen número de denuncias después de constatar que casi una cuarentena de cuentas de TikTok. Según los datos de los que dispone, los intentos de okupación de este tipo de viviendas de bancos, empresas o fondos de inversión casi se han triplicado como consecuencia de esta "profesionalización" de esta actividad ilícita.
Cientos de viviendas se okupan gracias a la oferta en las redes sociales. La cantidad del desembolso depende de si es con DNI o no. Se trata de una cantidad que el inquilino arriesga porque seguramente podrá vivir en esa casa durante unos meses, en algunos casos durante años, y con el agua y luz gratis, a cuenta de su legal propietario.
Los anuncios, que están plagados de faltas de ortografía, en muchos casos incluye vídeos con una recopilación de fotos de las viviendas que aparecen en los portales inmobiliarios legales, sobre todo de Madrid y de localidades de la capital. Palabras como ‘lof’ o ‘abitación’ van acompañadas con un texto que, en algunos casos, contiene la zona, el precio, en otras el “detalle” de que cuenta con agua y luz e incluso con la información de a quién pertenece la propiedad. Pero el negocio se está extendiendo a otras zonas: "Estaremos por Valencia", dicen en una de sus ofertas.
Una vez que ofertan las viviendas, el interesado se pone en contacto en privado con la persona que la oferta, quien contacta con un cerrajero para cambiar el bombín de la puerta y no tener que forzarla al entrar. Si el futuro inquilino la va a okupar con DNI, el precio es más caro. Así lo explica Luis García Botella, quien recuerda que si el legítimo propietario denuncia la okupación y la Policía se persona en la vivienda, solo podrá tomar la filiación de los okupantes para incorporarlo a un procedimiento judicial que, suele sere largo, de tal manera que podrán seguir viviendo en la casa durante meses.
En algunas ocasiones, si es con DNI, los ofertantes garantizan la "reposición" en el caso de que el negocio salga mal y no se haya podido culminar. La Policía solo podría desalojarlos si los sorprende in fraganti a los okupas y están indocumentados. El procedimiento es más lento que cuando se trata de allanamientos de las viviendas de particulares, en los que tanto la Fiscalía como el Ministerio del Interior han dictado instrucciones para actuar con mayor rapidez. García Botella recuerda también las dificultades que tiene el propietario para no pagar el agua y la luz, ya que si corta estos suministros "es denunciado por coacciones". Una situación que empeora si hay personas mayores o menores dentro del domicilio, ya que el proceso judicial se dilata enormemente.
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