Están en pie de guerra. Por la ley de amnistía, por la falta de apoyo institucional y porque llevan seis años sentados en el banquillo mientras los principales procesados por el 1-O ya han sido condenados, indultados o esperan la amnistía. Ellos se enfrentan a penas de dos a nueve años de cárcel por lesiones y delitos contra la integridad moral por su actuación en la jornada del referéndum ilegal y posteriormente, por reprimir los disturbios de 2019. "Por cumplir con nuestro trabajo", aseguran.
Hablamos con uno de los 70 agentes procesados. Oculta su rostro, distorsionamos su voz y omitimos su nombre por seguridad y para evitar sanciones disciplinarias. Su testimonio es duro, está decepcionado. Lo acusan de lesiones y torturas a tres personas y piden para él "nueve años de cárcel y 12 de inhabilitación. O sea, supondría la expulsión del cuerpo. Empleé en tres ocasiones la defensa reglamentaria, la porra. Las lesiones fueron tan leves que ningún lesionado, gracias a Dios y por nuestra pericia, tuvo días impeditivos". Los denunciantes no tuvieron que darse de baja ni un día.
El agente muestra su amargura por lo ocurrido, incluso abandonó las Unidades de Intervención Policial (UIP). "Lo dejamos el 90 por ciento, porque nos mandaron allí con unas órdenes que cumplimos y que luego parece que fuimos los malos". Rechaza absolutamente la ley de amnistía y como sus 70 compañeros procesados no quiere ser amnistiado. "Es que yo no puedo ir en el mismo saco que Puigdemont, que Marta Rovira, que prófugos de la justicia...", explica.
Es la queja que repiten todos los agentes. Ayer se manifestaron en Barcelona, frente a los juzgados. Allí estaba uno de sus abogados, Carlos Carretero. "Se sienten indignados y tristes porque ven que quien cometió un delito es quien va a redactar la ley de su propia liberación y se olvida de ellos".
El portavoz del Sindicato Unificado de Policía, Jacobo Rodríguez, es tajante: "Nos apedrearon físicamente en el 2017, nos volvieron a apedrear en el 2019 y ahora nos apedrean institucionalmente con esta amnistía".
Precisamente hoy, cinco de las asociaciones de guardias civiles, entre ellas la mayoritaria JUCIL, han hecho público un comunicado conjunto contra la ley de amnistía. Los agentes creen que el acuerdo entre PSOE y Junts supone "un ataque directo a la la independencia judicial" y lamentan estar siendo utilizados "como moneda de cambio" en las negociaciones para formar Gobierno. Añaden que todo esto "tendrá graves consecuencias permanentes para la seguridad de los ciudadanos". En las últimas semanas Interior ha abierto expediente a dos asociaciones por sus manifiestos contra la ley de amnistía.
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