Los autores de la emisión de gas pimienta este pasado jueves en un centro de salud de Montijo, que obligó a desalojar sus dependencias, fueron dos jóvenes de unos 20 años que acudieron al mismo para ser tratados después de que estuvieran arrojándose mutuamente el propio fluido, actitud que mantuvieron una vez dentro de las instalaciones sanitarias.
Así lo ha especificado el propio alcalde de la localidad, Javier Cienfuegos, a través de un comunicado, con el objeto de aclarar que "en ningún momento" se ha tratado de un "ataque deliberado ni hacia el personal, usuarios o el propio edificio".
"Dos jóvenes de unos 20 años acudieron al centro sanitario para ser atendidos, dado que habían estado echándose uno a otro gas pimienta", explica el primer edil. Una vez en el centro, y mientras esperaban a ser atendidos, "continuaron echándose entre ellos el gas, provocando consecuencias nocivas y perjudiciales para el resto de personas que se encontraban allí", obligando a su desalojo y a que los pacientes fueran atendidos en ambulancias.
Ante estos hechos, el ayuntamiento señala que no pretende "amparar ni justificar" las actuaciones de estas dos personas, cuyas responsabilidades espera que sean "depuradas", pero tampoco quiere que se genere "ningún tipo de alarma en el municipio usando expresiones como ataque deliberado, cuando no fue tal".
El consistorio expresa su "total apoyo y máxima gratitud" a todo el personal del Centro de Salud, que actuó de forma "rápida, profesional y eficaz" para evitar que los daños y perjuicios a todas las personas, que en el momento de los hechos, se encontraban en el recinto sanitario, por este acto "tan reprochable y falto de toda sensatez", que "pudo tener consecuencias mayores de no ser por este magnífico proceder del equipo sanitario y laboral".
El Colegio de Médicos de Badajoz ha mostrado su repulsa a estos hechos, ha afirmado que empleará todos sus recursos para que ningún tipo de acto violento contra los profesionales médicos quede impune, “como así ha sido en esta ocasión”, poniendo a disposición de los profesionales afectados todos los servicios que sean necesarios para defender sus derechos.