AldamaVídeo completo de su declaración en la Audiencia Nacional
telecinco
Informativos
Informativos
ÚLTIMAS NOTICIASEN DIRECTO
Informativos
Informativos
ÚLTIMAS NOTICIASEN DIRECTO

Caso Jerez: ¿qué medidas y penas pueden ser impuestas a un menor de edad ante un hecho delictivo?

¿Qué medidas y penas pueden ser impuestas a un menor de edad ante un hecho delictivo?
Las penas aplicables a los menores de edad ante la comisión de delitos

Sucesos como el ocurrido este 28 de septiembre de 2023 en Jerez de la Frontera, Cádiz, donde un alumno de 14 años ha apuñalado a varios profesores y estudiantes en un colegio de la localidad vuelven a reflotar el debate sobre las penas aplicables a los menores de edad ante la comisión de delitos, y especialmente cuando estos revisten una gran gravedad. La ley establece que la edad mínima para ser sancionado con pena de prisión en España es de 18 años, pero ello no quiere decir que no exista responsabilidad penal. ¿Qué sanciones son aplicables entonces en casos como este?

Para encontrar respuestas a esta cuestión debemos remitirnos a la denominada Ley Orgánica 5/2000 del 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de menores, también conocida como LORPM.

MÁS

En ella, se establecen las condiciones especiales que se atribuyen a los menores a la hora de exigirles responsabilidad penal por un hecho delictivo, teniendo en cuenta específicamente la edad a la hora de la comisión del delito, siendo diferentes entre el conjunto del grupo de menores de edad las sanciones aplicables y el régimen jurídico que les corresponde.

Específicamente, lo que el ordenamiento jurídico español recoge, de acuerdo a esta ley, es que solo se consideran imputables los menores a partir de los 14 años. Es decir, con una edad comprendida desde los 14 a los 18, estableciendo una distinción entre ellos y estableciendo consecuencias jurídicas distintas a las atribuibles a los adultos.

Por esta última razón, el artículo 19 del Código Penal es claro y conciso: “Los menores de dieciocho años no serán responsables criminalmente con arreglo a este Código. Cuando un menor de dicha edad cometa un hecho delictivo podrá ser responsable con arreglo a lo dispuesto en la ley que regule la responsabilidad penal del menor”.

¿Qué dice la ley que regula la responsabilidad penal de menores?

La LORPM subraya que “se establece, inequívocamente, el límite de los catorce años de edad para exigir este tipo de responsabilidad sancionadora a los menores de edad penal”, y además establece una diferenciación en “dos tramos”: uno para los menores de 14 a 16 años y otro de 17 a 18, “por presentar uno y otro grupo diferencias características que requieren, desde un punto de vista científico y jurídico, un tratamiento diferenciado, constituyendo una agravación específica en el tramo de los mayores de dieciséis años la comisión de delitos que se caracterizan por la violencia, intimidación o peligro para las personas”.

En el otro extremo, se establece que cuando el autor de los hechos delictivos sea un menor de catorce años, “no se le exigirá responsabilidad con arreglo a la presente ley, sino que se le aplicará lo dispuesto en las normas sobre protección de menores previstas en el Código Civil y demás disposiciones vigentes”.

Así, apunta que “el Ministerio Fiscal deberá remitir a la entidad pública de protección de menores testimonio de los particulares que considere precisos respecto al menor, a fin de valorar su situación, y dicha entidad habrá de promover las medidas de protección adecuadas a las circunstancias de aquél conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero”, de ‘Protección Jurídica del Menor’.

¿Qué sanciones se pueden aplicar a los menores imputables?

En lo relativo a los tipos de sanciones aplicables, en el artículo 7 se definen específicamente “las medidas susceptibles de ser impuestas a los menores” y las “reglas generales de determinación de las mismas”.

Entre ellas, se precisa que los “Jueces de Menores” pueden imponer las siguientes, ordenadas según la restricción de derechos que suponen:

  • Internamiento en régimen cerrado. Las personas sometidas a esta medida residirán en el centro y desarrollarán en el mismo las actividades formativas, educativas, laborales y de ocio
  • Internamiento en régimen semiabierto. Las personas sometidas a esta medida residirán en el centro, pero podrán realizar fuera del mismo alguna o algunas de las actividades formativas, educativas, laborales y de ocio establecidas en el programa individualizado de ejecución de la medida. La realización de actividades fuera del centro quedará condicionada a la evolución de la persona y al cumplimiento de los objetivos previstos en las mismas, pudiendo el Juez de Menores suspenderlas por tiempo determinado, acordando que todas las actividades se lleven a cabo dentro del centro.
  • Internamiento en régimen abierto. Las personas sometidas a esta medida llevarán a cabo todas las actividades del proyecto educativo en los servicios normalizados del entorno, residiendo en el centro como domicilio habitual, con sujeción al programa y régimen interno del mismo.
  • Internamiento terapéutico en régimen cerrado, semiabierto o abierto. En los centros de esta naturaleza se realizará una atención educativa especializada o tratamiento específico dirigido a personas que padezcan anomalías o alteraciones psíquicas, un estado de dependencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas o sustancias psicotrópicas, o alteraciones en la percepción que determinen una alteración grave de la conciencia de la realidad. Esta medida podrá aplicarse sola o como complemento de otra medida prevista en este artículo. Cuando el interesado rechace un tratamiento de deshabituación, el juez habrá de aplicarle otra medida adecuada a sus circunstancias.
  • Tratamiento ambulatorio. Las personas sometidas a esta medida habrán de asistir al centro designado con la periodicidad requerida por los facultativos que las atiendan y seguir las pautas fijadas para el adecuado tratamiento de la anomalía o alteración psíquica, adicción al consumo de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas o sustancias psicotrópicas, o alteraciones en la percepción que padezcan. Esta medida podrá aplicarse sola o como complemento de otra medida prevista en este artículo. Cuando el interesado rechace un tratamiento de deshabituación, el Juez habrá de aplicarle otra medida adecuada a sus circunstancias
  • Asistencia a un centro de día. Las personas sometidas a esta medida residirán en su domicilio habitual y acudirán a un centro, plenamente integrado en la comunidad, a realizar actividades de apoyo, educativas, formativas, laborales o de ocio.
  • Permanencia de fin de semana. Las personas sometidas a esta medida permanecerán en su domicilio o en un centro hasta un máximo de treinta y seis horas entre la tarde o noche del viernes y la noche del domingo, a excepción, en su caso, del tiempo que deban dedicar a las tareas socio-educativas asignadas por el Juez que deban llevarse a cabo fuera del lugar de permanencia.
  • Libertad vigilada. En esta medida se ha de hacer un seguimiento de la actividad de la persona sometida a la misma y de su asistencia a la escuela, al centro de formación profesional o al lugar de trabajo, según los casos, procurando ayudar a aquélla a superar los factores que determinaron la infracción cometida. Asimismo, esta medida obliga, en su caso, a seguir las pautas socio-educativas que señale la entidad pública o el profesional encargado de su seguimiento, de acuerdo con el programa de intervención elaborado al efecto y aprobado por el Juez de Menores. La persona sometida a la medida también queda obligada a mantener con dicho profesional las entrevistas establecidas en el programa y a cumplir, en su caso, las reglas de conducta impuestas por el Juez, que podrán ser alguna o algunas de las siguientes:
  1. - Obligación de asistir con regularidad al centro docente correspondiente, si el menor está en edad de escolarización obligatoria, y acreditar ante el Juez dicha asistencia regular o justificar en su caso las ausencias, cuantas veces fuere requerido para ello
  2. -Obligación de someterse a programas de tipo formativo, cultural, educativo, profesional, laboral, de educación sexual, de educación vial u otros similares.
  3. -Prohibición de acudir a determinados lugares, establecimientos o espectáculos.
  4. -Prohibición de ausentarse del lugar de residencia sin autorización judicial previa.
  5. -Obligación de residir en un lugar determinado.
  6. -Obligación de comparecer personalmente ante el Juzgado de Menores o profesional que se designe, para informar de las actividades realizadas y justificarlas.
  7. -Cualesquiera otras obligaciones que el Juez, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal, estime convenientes para la reinserción social del sentenciado, siempre que no atenten contra su dignidad como persona. Si alguna de estas obligaciones implicase la imposibilidad del menor de continuar conviviendo con sus padres, tutores o guardadores, el Ministerio Fiscal deberá remitir testimonio de los particulares a la entidad pública de protección del menor, y dicha entidad deberá promover las medidas de protección adecuadas a las circunstancias de aquél, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1996.
  • La prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el Juez. Esta medida impedirá al menor acercarse a ellos, en cualquier lugar donde se encuentren, así como a su domicilio, a su centro docente, a sus lugares de trabajo y a cualquier otro que sea frecuentado por ellos. La prohibición de comunicarse con la víctima, o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el Juez o Tribunal, impedirá al menor establecer con ellas, por cualquier medio de comunicación o medio informático o telemático, contacto escrito, verbal o visual. Si esta medida implicase la imposibilidad del menor de continuar viviendo con sus padres, tutores o guardadores, el Ministerio Fiscal deberá remitir testimonio de los particulares a la entidad pública de protección del menor, y dicha entidad deberá promover las medidas de protección adecuadas a las circunstancias de aquél, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1996.
  • Convivencia con otra persona, familia o grupo educativo. La persona sometida a esta medida debe convivir, durante el período de tiempo establecido por el Juez, con otra persona, con una familia distinta a la suya o con un grupo educativo, adecuadamente seleccionados para orientar a aquélla en su proceso de socialización.
  • Prestaciones en beneficio de la comunidad. La persona sometida a esta medida, que no podrá imponerse sin su consentimiento, ha de realizar las actividades no retribuidas que se le indiquen, de interés social o en beneficio de personas en situación de precariedad.
  • Realización de tareas socio-educativas. La persona sometida a esta medida ha de realizar, sin internamiento ni libertad vigilada, actividades específicas de contenido educativo encaminadas a facilitarle el desarrollo de su competencia social.
  • Amonestación. Esta medida consiste en la reprensión de la persona llevada a cabo por el Juez de Menores y dirigida a hacerle comprender la gravedad de los hechos cometidos y las consecuencias que los mismos han tenido o podrían haber tenido, instándole a no volver a cometer tales hechos en el futuro.
  • Privación del permiso de conducir ciclomotores y vehículos a motor, o del derecho a obtenerlo, o de las licencias administrativas para caza o para uso de cualquier tipo de armas. Esta medida podrá imponerse como accesoria cuando el delito o falta se hubiere cometido utilizando un ciclomotor o un vehículo a motor, o un arma, respectivamente.
  • Inhabilitación absoluta. La medida de inhabilitación absoluta produce la privación definitiva de todos los honores, empleos y cargos públicos sobre el que recayere, aunque sean electivos; así como la incapacidad para obtener los mismos o cualesquiera otros honores, cargos o empleos públicos, y la de ser elegido para cargo público, durante el tiempo de la medida.

Sobre ello, este artículo 7 de la LORPM precisa además que las medidas de internamiento deben constar de dos periodos: “el primero se llevará a cabo en el centro correspondiente” y el segundo, por su parte, “se llevará a cabo en régimen de libertad vigilada, en la modalidad elegida por el juez”.

Además, recalca que “la elección de la medida o medidas adecuadas se deberá atender de modo flexible, no sólo a la prueba y valoración jurídica de los hechos, sino especialmente a la edad, las circunstancias familiares y sociales, la personalidad y el interés del menor, puestos de manifiesto los dos últimos en los informes de los equipos técnicos y de las entidades públicas de protección y reforma de menores cuando éstas hubieran tenido conocimiento del menor por haber ejecutado una medida cautelar o definitiva con anterioridad”.

Más allá, el juez puede imponer “una o varias medidas de las previstas en esta ley con independencia de que se trate de uno o más hechos” de acuerdo a lo previsto también “para el enjuiciamiento de un conjunto de varias infracciones”, si bien especifica que “en ningún caso, se impondrá a un menor en una misma resolución más de una medida de la misma clase”.

La duración de las sanciones aplicables a los menores y sus condicionantes

 En lo que se refiere a la duración de estas medidas aplicables, en el artículo 9 de esta misma ley se establece que, “cuando los hechos cometidos sean calificados de falta, sólo se podrán imponer las medidas de libertad vigilada hasta un máximo de seis meses; amonestación; permanencia de fin de semana hasta un máximo de cuatro fines de semana; prestaciones en beneficio de la comunidad hasta cincuenta horas; privación del permiso de conducir o de otras licencias administrativas hasta un año; la prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el Juez hasta seis meses; y la realización de tareas socio-educativas hasta seis meses".

Además, establece condicionantes sobre la medida de internamiento en régimen cerrado, señalando que “solo podrá ser aplicable cuando” se cumplan los siguientes criterios:

  • Los hechos estén tipificados como delito grave por el Código Penal o las leyes penales especiales
  • Tratándose de hechos tipificados como delito menos grave, en su ejecución se haya empleado violencia o intimidación en las personas o se haya generado grave riesgo para la vida o la integridad física de las mismas.
  • Los hechos tipificados como delito se cometan en grupo o el menor perteneciere o actuare al servicio de una banda, organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que se dedicare a la realización de tales actividades.

En términos generales, en el apartado tres de este artículo refiere concretamente que “la duración de las medidas no podrá exceder de dos años, computándose, en su caso, a estos efectos el tiempo ya cumplido por el menor en medida cautelar”.

“Además, la medida de prestaciones en beneficio de la comunidad no podrá superar las cien horas”, mientras “la medida de permanencia de fin de semana no podrá superar los ocho fines de semana”.

Sobre todo esto, además, dispone que “las acciones u omisiones imprudentes no podrán ser sancionadas con medidas de internamiento en régimen cerrado”.

No son esos los únicos condicionantes. Entre los existentes también se incluye que, cuando los hechos se refieran a los susceptibles de aplicarse una medida de internamiento en régimen cerrado, si al tiempo de cometerlos “el menor tuviere catorce o quince años de edad, la medida podrá alcanzar tres años de duración”. “Si se trata de prestaciones en beneficio de la comunidad, dicho máximo será de ciento cincuenta horas, y de doce fines de semana si la medida impuesta fuere la de permanencia de fin de semana”.

Por otro lado, “si al tiempo de cometer los hechos el menor tuviere dieciséis o diecisiete años de edad, la duración máxima de la medida será de seis años; o, en sus respectivos casos, de doscientas horas de prestaciones en beneficio de la comunidad o permanencia de dieciséis fines de semana. En este supuesto, cuando el hecho revista extrema gravedad, el Juez deberá imponer una medida de internamiento en régimen cerrado de uno a seis años, complementada sucesivamente con otra medida de libertad vigilada con asistencia educativa hasta un máximo de cinco años”.

Del mismo modo, añade que “cuando el hecho sea constitutivo de alguno de los delitos tipificados en los artículos 138, 139, 178, apartados 2 y 3, 179, 180, 181, apartados 2, 4, 5 y 6, y 571 a 580 del Código Penal, o de cualquier otro delito que tenga señalada en dicho Código o en las leyes penales especiales pena de prisión igual o superior a quince años, el Juez deberá imponer las medidas siguientes:

  • Si al tiempo de cometer los hechos el menor tuviere catorce o quince años de edad, una medida de internamiento en régimen cerrado de uno a cinco años de duración, complementada en su caso por otra medida de libertad vigilada de hasta tres años.
  • Si al tiempo de cometer los hechos el menor tuviere dieciséis o diecisiete años de edad, una medida de internamiento en régimen cerrado de uno a ocho años de duración, complementada en su caso por otra de libertad vigilada con asistencia educativa de hasta cinco años. En este supuesto solo podrá hacerse uso de las facultades de modificación, suspensión o sustitución de la medida impuesta a las que se refieren los artículos 13, 40 y 51.1 de esta ley orgánica, cuando haya trascurrido, al menos, la mitad de la duración de la medida de internamiento impuesta

“En el caso de que el delito cometido sea alguno de los comprendidos en los artículos 571 a 580 del Código Penal, el Juez, sin perjuicio de las demás medidas que correspondan con arreglo a esta Ley, también impondrá al menor una medida de inhabilitación absoluta por un tiempo superior entre cuatro y quince años al de la duración de la medida de internamiento en régimen cerrado impuesta, atendiendo proporcionalmente a la gravedad del delito, el número de los cometidos y a las circunstancias que concurran en el menor”.

Por último, la LORPM también prevé los supuestos relativos a la “pluralidad de infracciones” y especifica que el juez, “para determinar la medida o medidas a imponer, así como su duración, deberá tener en cuenta, además del interés del menor, la naturaleza y el número de las infracciones, tomando como referencia la más grave de todas ellas”.