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Este viernes 29 de septiembre entra en vigor la nueva Ley de Bienestar Animal, una normativa que busca esencialmente protegerlos, garantizar su adecuado cuidado y perseguir y castigar de forma más severa a quienes, entre otros, les maltratan, descuidan o abandonan.
Entre sus claves hay cuestiones que, no obstante, no dejan de generar debate y división de opiniones. Entre ellas, dos que destacan especialmente entre quienes tienen perros son la obligatoriedad de realizar un curso de formación gratuito y, por otra parte, el seguro obligatorio de responsabilidad civil por daños a terceros, el cual tendrá que estar en vigor durante toda la vida del animal y está generando ya muchas dudas.
Más allá de ello y del endurecimiento de las multas y las penas para quienes no procuran a sus animales unas condiciones de vida adecuadas, otra cuestión por la que muchos se han preguntado es la relativa a la categorización de lo que se conocen como los perros potencialmente peligrosos (PPP). Si bien en un principio se pensó que esto podría desaparecer, lo cierto es que finalmente se ha mantenido.
Según quedó definido en la Ley 50/1999, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, se entiende que dentro de este grupo se encuentran aquellos que “tengan capacidad de causar la muerte o lesiones a las personas o a otros animales y daños a las cosas”.
Así, en lo que respecta a los canes, se consideran perros potencialmente peligrosos los pertenecientes a estas razas o los que tengan cruce con alguno de ellos:
A este respecto, cabe considerar además que, según el lugar de residencia y la autonomía, esta lista puede estar ampliada, con otras razas incluidas en la categoría de perros potencialmente peligrosos. Así, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana se añaden también otros como el presa mallorquín, el dóberman, el mastín napolitano y el presa canario.
Además, y en consecuencia, también variará según la comunidad autónoma el importe mínimo de la cobertura del citado seguro de responsabilidad civil.
Los dueños de todos estos perros tendrán que adaptarse a la nueva normativa, la cual continuará obligando a obtener una licencia administrativa, también llamada licencia PPP, para lo que seguirán teniendo la necesidad de cumplir un perfil de distintos requisitos.