Antonio es un hombre de Sevilla que se encuentra condenado a 40 meses de prisión por violencia machista tras haber maltratado a dos exparejas. Amparándose en la Ley Trans aprobada hace unos meses, se ha inscrito en el Registro Civil como mujer, con el nombre de Milan, y ha pedido el indulto al Gobierno argumentando que es una persona nueva. Un caso similar ocurrió el pasado verano en Cataluña.

Una de las víctimas, Patricia, ha asegurado en una entrevista con 'Vamos a ver', programa de Telecinco, que esto "es indignante y da carta abierta a los maltratadores". Además, ha detallado que "quien me amenazaba y me pegaba era un machito, no una persona que se sentía mujer". Patricia lleva un dispositivo electrónico que controla que el maltratador no se acerque a ella, una medida que dejará de estar en vigor en 2024.

La mencionada Ley Trans recoge que toda persona mayor de 16 años de nacionalidad española podrá solicitar en el Registro Civil el cambio registral de su sexo sin que sea necesario para ello presentar informes médicos o psicológicos ni someterse a un proceso médico de cambio de sexo.

Las dos víctimas mantuvieron una relación con el ahora condenado hace cuatro años y sostienen que en ocasiones, al mismo tiempo y sin saber que también lo estaba haciendo la otra, denunciaron al hombre por malos tratos, lesiones, coacciones o vejaciones.

La letrada María José Atoche, que se encargó de la defensa de las dos mujeres maltratadas, ha explicado a EFE que sus defendidas y ella misma han conocido el caso debido al recurso que ha presentado esta persona de Sevilla en el juzgado, con el fin de evitar entrar en la cárcel y tras serle rechazado el primero presentado en su día.

La abogada ha puntualizado que el condenado no presentó nunca rasgo o indicio de querer cambiar de sexo legalmente, "e incluso en el proceso judicial pasó por dos pruebas psiquiátricas y nunca mostró circunstancia alguna parecida", además de que en el juicio alegó que sufría una psicopatía, lo que quedó descartado.

Con esta premisa ha solicitado un indulto contra el que Atoche lamenta no poder hacer nada por el momento, a la espera de que le sea trasladado el recurso de apelación y abrirse el plazo de impugnación.

Respecto a la otra víctima, el juicio tuvo lugar el pasado marzo, mismo mes que se dictó la sentencia, confirmada por la Audiencia de Sevilla, que le rebajó unos meses de condena, uniendo a la pena de prisión el pago de 8.000 euros, de los que ha abonado hasta ahora sólo la mitad.

El caso ha saltado a los medios de comunicación y el debate se ha reabierto en torno a la citada ley.