La 'Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBi' tiene un título largo, como la polémica que la envuelve más allá del propio Gobierno. Con la igualdad por bandera, entre los colectivos feministas no hay unanimidad.

Por un lado, tiene el apoyo total de la ministra Irene Montero, quien en junio la presentaba al Consejo de Ministros "para que todo el mundo pueda ser quien es y desarrollar sus proyectos de vida con libertad". También la defiende Mar Cambrollé, presidenta de la Plataforma Nacional Trans: "No es una ley sólo para las personas trans, es una ley que va a mejorar la calidad democrática de nuestro país".

Por otro, hay un rechazo frontal, como el de la jurista de la Alianza contra el Borrado de las Mujeres, Tasia Aránguez. "No estamos en contra de los derechos de las personas transexuales, en absoluto. Aquí hay problemas de seguridad jurídica y problemas científicos que se pueden solucionar con un mínimo de voluntad", apunta.

A su juicio, transiciones precipitadas al margen, se desvirtúa la discriminación y la desigualdad que sufren las mujeres. La clave es que se sustituye el concepto sexo por identidad de género y que un varón puede ser mujer únicamente por decirlo.

No obstante, Andalucía o Madrid, entre otras autonomías, ya reconocen esta autodeterminación. "Andalucía es la más antigua, lleva 8 años. Y aquí no ha pasado nada", subraya Cambrollé.

Pero el ejemplo que ponen las detractoras como más claro es el deportivo, con mujeres en desventaja en la propia categoría femenina, o una oposición a policía o bombera, donde se exige menos marca. "¿Pensamos realmente que con el contexto de paro que tenemos no va a haber fraude si no hay ninguna manera de perseguirlo?", plantea Aránguez.

La solución que aportan es que se cree un doble registro, dos categorías separadas: la de sexo y la de identidad de género, donde se puede reflejar la transexualidad con todas las garantías, sin restar derechos a las mujeres.