María José y José Manuel, padres de Kira López, la adolescente alumna del colegio Padre Manyanet, que se suicidó, según afirman estos, tras ser víctima de acoso escolar por parte de compañeros del centro, tienen previsto dirigirse a la responsable de Educación de la Generalitat, Anna Simó, para exigirle que les pongan al día sobre el informe realizado por la Inspección al centro de Sant Andreu para conocer si los responsables del mismo aplicaron el protocolo contra el maltrato infantil sufrido por su hijas y otros estudiantes como exige el Defensor del Pueblo catalán.
Los padres de Kira recuerdan en el escrito que preparan que "este informe ha sido requerido varias veces por el Síndic de Greugues (el Defensor del Pueblo en Cataluña) sin recibir ninguna respuesta por parte del Departamento". A la espera de confirmación, María José y José Manuel están convencidos de que esto no ha ocurrido por lo que exigen que, en este caso, "nos informe si se ha trasladado esta información a Fiscalía y si el Departamento ha previsto alguna medida cautelar con este centro concertado ya que tanto el religioso como el director de la escuela que no denunció los hechos siguen con menores".
Quieren saber también si "teniendo en cuenta que nosotros ya hemos denunciado los hechos en el Juzgado núm. 29 de la Ciudad de la Justicia de Barcelona, la Generalitat se personaría como acusación popular de prosperar la denuncia como ya lo ha hecho con otras causas con la misma escuela".
Los padres de Kira exigen también a Anna Simó "una declaración pública por parte del Departamento de Educación que aclare que después de revisar nuestro caso - como le fue requerido por el Síndic de Greuges en diciembre de 2021 - pudieron comprobar que el Manyanet Sant Andreu conocía nuestras denuncias y que nunca llegó a activar ningún protocolo".
Asimismo, reclaman "que se confirme públicamente que Kira sufrió episodios de acoso escolar y violencia de adulto a menor en esta escuela y que el primer informe que emitió Educación con el único testimonio de la escuela que decía no tener ningún indicio de acoso ya no tiene ninguna validez y por este motivo tras su revisión el Departamento de Educación aplicó medidas cautelares en el centro como una auditoría externa y se personó como acusación popular en nuestra causa".
Finalmente, recuerdan a Educación que "no haber hecho esta declaración públicamente ha permitido a la escuela seguir perjudicando la memoria de nuestra hija Kira y difamarnos". Por lo que "es responsabilidad del Departamento de Educación valorar y confirmar si la escuela actuó correctamente y de acuerdo a los protocolos ante situaciones de violencia como las que sufrió Kira en P5, 6º de primaria y primera de la ESO", concluyen.