Ilham Najah, mujer de 38 años a la que también conocían como ‘María’ en Antella, fue asesinada cruelmente por su pareja, quien fue Policía Local en Valencia. Se estaban separando y acudió a su casa para matarla antes de quitarse la vida. Allí estaba uno de los tres hijos de la víctima, un menor de 12 años que corrió en busca de ayuda cuando se desataban los hechos. Hoy, tanto él como sus dos hermanos no solo han perdido a su madre, sino que además no pueden entrar en el que era su hogar porque la dueña del domicilio donde vivían de alquiler ha cambiado la cerradura.

De 12, 16 y 18 años recién cumplidos, hace poco que habían recibido las llaves del domicilio, devueltas en el juzgado de Alzira, encargado de tramitar la causa, pero no les han servido de nada. Todos ellos, víctimas de la violencia machista, se han quedado sin poder volver a la que era su casa.

Así lo recoge el diario Levante-EMV, que ha adelantado en exclusiva la situación en la que se encuentran, comprobando cómo, pese a que las llaves del portal funcionan perfectamente, e incluso las de una de las dos cerraduras, otra de ellas, reluciente y con el bombín cambiado, les impide la entrada.

Al parecer, según el citado medio, la dueña de la vivienda pidió a un familiar que cambiase una de las dos cerraduras para impedirles el acceso. Así, cuando la mayor de los tres hijos de Ilham, que hace unos días aún no era mayor de edad, lo ha intentado, no ha sido posible.

Afortunadamente, el menor de 12 años, tras obtener la aprobación de los servicios de la Generalitat Valenciana, se encuentra temporalmente con unos vecinos que le han acogido y se han hecho cargo de él, al igual que de sus hermanos, que gracias a ello no están en la calle.

Para mayores problemas, la joven de 18 y su hermano de 16 apenas se defienden en castellano, dado que llegaron desde Marruecos, su país de origen, como el de su madre, hace dos años. Además, como es natural, tampoco saben dónde acudir en busca de ayuda.

Según recoge Levante-EMV, ella, la mayor, quiere trabajar de lo que sea para sacar a sus hermanos adelante y permanecer unidos. Teme que sean separados, cada uno en un centro, y quiere que permanezcan en el que era su hogar.

De acuerdo con la información que avanza el citado medio, uno de los dueños del piso habría afirmado que los hijos de la asesinada pueden “entrar a coger sus cosas”, pero no quieren que se queden allí.

Y todo ello pese a que, como avanza Levante-EMV, el alquiler del piso de este mes de julio está además pagado y, en cualquier caso, se está vulnerando la ley, que dicta que para desalojar a unos inquilinos debe iniciarse un proceso de alzamiento, denunciándolo ante un juzgado, y siempre que se dé un caso de impago durante al menos dos meses consecutivos.

En este caso, señalan, se habría producido además sin previo aviso, y con tres jóvenes víctimas de la violencia machista.