El Supremo, ante su primera decisión sobre el cambio climático: "Marcará también la agenda de los gobiernos que vengan"

El Supremo tiene en sus manos cambiar las futuras políticas de la lucha contra el cambio climático en España. La Sala Tercera del TSJ decide sobre la demanda impuesta por cinco demandantes (Ecologistas en Acción, Greenpeace, Oxfam Intermón, Fridays For Future y la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo) contra el Gobierno por inacción ante la crisis climática. 

Una demanda que tuvo su germen hace cuatro años con otro fallo de un Alto Tribunal. En diciembre de 2019 la Corte Suprema de los Países Bajos dio la razón a los grupos ecologistas que habían demandado a su gobierno por por inacción en la lucha contra el cambio climático y obligó al Estado holandés a imponer una reducción del 25% de sus emisiones de gases de efecto invernadero.

Una sentencia pionera que marcó el camino de la que puede ser también una sentencia pionera en España.

El llamado caso Urgenda, como se conoce a la sentencia de Países Bajos, animó a Greenpeace, Ecologistas en Acción y Oxfam Intermón (a los que se sumaron luego Fridays For Future y la Coordinadora de Organizaciones para el Desarr) a seguir el mismo camino.

"A partir de ahí se desencadena esta ola de litigios climáticos. Nos hizo pensar que era interesante recurrir a una litigación climática. Por eso impugnamos el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Lo que queremos es que el Estado tenga que asumir esta mayor reducción de gases de efecto invernadero, porque creemos que el objetivo que tienen del 23% es demasiado escaso. No cumple con la ciencia, ni con el acuerdo de París. Creemos que se tiene que subir al 55% cumpliendo lo que dicen los informes del IPCC, (el grupo de especialistas climáticos de la ONU)", explica Irene Rubiera, de Ecologistas en Acción.

Con ese objetivo hace tres años prepararon una demanda de más de 280 páginas donde dejaban claro que el cambio climático existe y que "sus efectos ya se notan en el planeta". Unos documentos donde muestran "la relación del cambio climático con la desigualdad" y argumentan que el Gobierno "no está haciendo lo suficiente para evitarlo".

Denunciaron que "la Administración había incumplido la obligación prevista en el Reglamento (UE) 2018/1999, sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima, de aprobar antes de 2020 un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) -que se aprobó en marzo de 2021- y una Estrategia a Largo Plazo (ELP)”,

Una iniciativa a la que se sumaron Fridays For Future y La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo. Los cinco grupos presentaron ante el Supremo "la falta de ambición y el incumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones adquiridos con la firma del Acuerdo de París".

Aunque los demandantes reconocen que el gobierno que acaba ahora legislatura ha planteado más medidas medioambientales que sus antecesores, no consideran que hayan sido suficientes. "Somos conscientes de que estos últimos cuatro años de gobierno progresista han sido mejor que todos los anteriores, la aprobación de la ley de cambio climático y del PNIEC supuso un importante avance frente a las políticas de gobiernos pasados, pero siguen sin contener la ambición que se necesita para evitar las peores consecuencias del cambio climático".

Por eso tienen esperanzas en lo que determine en Supremo: "Si la sentencia es favorable marcará también la agenda medioambiental de los gobiernos que vengan. Un fallo a favor cambiaría la lucha contra el cambio climático en España, la historia del derecho ambiental y como entendemos el cambio climático en los tribunales. Sería una sentencia que se uniría a otras históricas de Europa y sobre todo sería un gran paso en la dirección correcta por parte del poder judicial", aclara Rubiera,

Una opinión que comparte Pedro Zorrilla Miras, responsable de cambio climático de Greenpeace. "La ciencia ha calculado que si el calentamiento global sube un grado y medio más los efectos serán irreversibles. Habrá ecosistemas que cambien, como la Amazonía, que dejara de ser tan húmeda, o Groenlandia que perderá parte de su hielo. Eso lo hemos explicado en el litigio. Hemos tratado de explicar qué es el cambio climático, en qué consiste, qué está pasando. Contamos qué esto no es opinión, que es ciencia, qué es lo que demuestran los científicos que está pasando", explica.

Y con esos argumentos es por lo que señalan que el Gobierno no está haciendo lo suficiente para evitar que eso pase.

"Argumentamos que para que las políticas medioambientales españolas sean efectivas habria que reducir un 55% los gases de efecto invernadero (actualmente está establecido en el 23%)", comenta Zorrilla. Un dato que obtienen de argumentos científicos, señalan "Es la estimación que se ha hecho para reducir los efectos del calentamiento global".

Una reducción que han pedido en la demanda y que si el Supremo lo establece: "El futuro gobierno que salga de las urnas estaría obligado a cumplir la sentencia y por tanto tendría que aumentar sus objetivos, hacer unos planes de reducción de emisiones acordes con la ciencia, un plan más ambicioso que el plan actual. Esto implicaría políticas favorables a las renovables, o potenciar los coches eléctricos, por ejemplo", explica Zorrilla.

En concreto los demandantes consideran que un fallo a favor de la demanda "podría obligar al Estado a incrementar el objetivo de reducción de emisiones para 2030": del actual 23% contemplado en el vigente Plan Nacional Integrado de Energía y Clima con respecto a 1990, hasta el 55% solicitado por las organizaciones demandantes para no sobrepasar el 1,5ºC de calentamiento de la temperatura media del planeta.

Como explica Rubiera: "Si sale favorable establecería un mandato judicial claro de cuál es el objetivo de reducción de emisiones". Una apreciación que comparte Jaime Doreste, abogado de las organizaciones demandantes, quien cree que sería "no sólo un éxito en la lucha judicial contra el cambio climático, sino que también sentará un enorme hito en el derecho español con respecto a las obligaciones de los poderes públicos de salvaguarda del patrimonio natural y la calidad ambiental, y el deber de cuidado y garantía de los derechos humanos".

Pero en el caso de que la sentencia no les sea favorable los activistas no piensan rendirse: "Nos quedaremos con los brazos cruzados. El cambio climático está ahí y hay que tomárselo en serio", advierte Rubiera.