La Fiscalía de Madrid solicita tres años de prisión para María Margarita García García, conocida como Bárbara Rey, por un delito de alzamiento de bienes en relación a varias operaciones financieras llevadas a cabo para provocar "una situación de indefensión económica", lo que le imposibilitaba satisfacer el dinero que le reclamaba la Agencia Tributaria que asciende a 143.902,24 euros.

El juicio se celebrará el próximo lunes en la Audiencia Provincial de Madrid. El fiscal solicita a sus hijos y a su hermana dos años y seis meses de prisión. El representante del Ministerio Público les imputa un delito de alzamiento de bienes.

Los hechos en que se basa el escrito de acusación se remontan al 10 mayo de 2011 cuando la AEAT comenzó una inspección a M. G. G. en relación al pago del Impuesto sobre las Rentas de las Personas Físicas (IRPF) de los periodos fiscales comprendidos entre los años 2006 y 2008.

Así, el 16 de noviembre del 2012 se dictaron sendas actas por el IRPF, la primera del año 2006 y la segunda, correspondiente al año 2007/08, por importes de 135.031.21 euros y 131.568,98 euros, respectivamente.

Dichas actas fueron notificadas a la acusada el 12 de febrero del 2013 y tenían de plazo de ingreso voluntario hasta el 20 de marzo de ese mismo año. De ahí que el 18 de julio se dictaran sendos acuerdos de imposición de sanciones en ambos expedientes, por importes de 51.496,62 euros y 60.675.47 euros, igualmente notificados a la acusada en fecha 8 de agosto de 2013.

A sabiendas de que habían dado comienzo las labores de investigación de la AEAT, la acusada, "con ánimo de eludir dicha responsabilidad de pago y frustrar las legítimas expectativas de cobro de la AEAT", se puso en contacto con varios familiares para actuar en "connivencia" a fin de llevar cabo la realización de ciertos actos de disposición patrimonial "que tenían como objetivo la finalidad de generar la quiebra de las deudas contraídas , haciendo imposible el cobro de los mismos por sus legítimos titulares".

La Fiscalía detalla un total de trece operaciones en las que tomaron parte sus dos hijos, su hermana y otras personas con la finalidad de provocar una situación de indefensión económica por parte de la acusada "que imposibilitara satisfacer los créditos reclamados por la AEAT, al no ser habido bienes bastantes a tal fin por la situación de insolvencia creada por los acusados". A fecha de 19 de diciembre del 2017 existía un saldo de deuda pendiente de ingreso de 143.902,24 euros.