El guardia civil que mató con un arma de fuego a su expareja en Oia (Pontevedra), y que luego se suicidó, fue puesto a disposición del juzgado de Violencia sobre la Mujer de Vigo (tras su detención por una denuncia interpuesta por la víctima) el pasado 5 de abril, que acordó su puesta en libertad, y una orden de protección para la mujer.

Según han precisado fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), en ese momento no se celebró ningún juicio rápido, ya que la víctima relató dos episodios de violencia de género y el juzgado no disponía de los informes necesarios. Con todo, sí se le prohibió acercarse o comunicarse con su expareja, Ana Vanessa Serén.

Las mismas fuentes han explicado que el juzgado de Vigo se inhibió en favor del juzgado de instrucción número 1 de Tui, que lleva asuntos de Violencia sobre la Mujer, al residir la víctima en ese partido judicial.

En el juzgado tudense se incoaron diligencias y se requirió a la mujer para que aportase el parte de lesiones que faltaba, documentación que fue aportada el 23 de mayo pasado, y remitida al día siguiente al Instituto de Medicina Legal de Galicia.

Por otra parte, han explicado fuentes judiciales, la letrada de Ana Vanessa solicitó al juzgado de Tui el 23 de mayo que la mujer pudiese acceder al domicilio del investigado para poder recoger sus cosas. El juez lo acordó al día siguiente, indicado que iría auxiliada por agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "para garantizar su seguridad".

El crimen ocurrió a primera hora de la tarde del sábado, cuando el denunciado, un guardia civil que no disponía de arma reglamentaria (tras habérsele retirado después de una baja médica), se presentó en el acceso de un camping en Oia, donde trabajaba su expareja. Cuando la mujer salió le disparó y la mató, y salió huyendo.

El sospechoso fue localizado horas después en una zona forestal y, al verse cercado por agentes, se suicidó. El ayuntamiento de Oia decretó tres días de luto oficial y, a lo largo de este lunes, se suceden por toda Galicia concentraciones de repulsa por estos hechos.

La subdelegada del Gobierno en Pontevedra, Maica Larriba, explicó en las últimas horas que los agentes de la unidad de la Guardia Civil encargados de este tipo de casos intervinieron en un total de 56 ocasiones para proteger a la víctima, una de ellas "muy recientemente". En todo caso, según ha explicado, esto no quiere decir que el agresor incumpliera esta pena, sino que se trata de "seguimiento de la víctima para constatar que la persona condenada no está quebrantando la condena", y aseveró que "en ningún caso" la víctima "ha estado desamparada".

Éste es el segundo asesinato machista registrado en Galicia en este 2023, después de que un hombre fuera detenido en febrero pasado tras matar a su expareja en Baiona (Pontevedra), delante de sus hijos.