El Tribunal Militar Territorial Primero de Madrid ha iniciado este martes un juicio militar contra un sargento de la Guardia Civil acusado de delitos de violación, agresión sexual, lesiones graves, maltrato y abuso de autoridad contra una compañera subalterna, en unos hechos que ocurrieron en un cuartel de la Región de Murcia. Incluso la obligó a abortar después de quedarse embarazada.

En un comunicado la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha mostrado el "apoyo incondicional" a la víctima, a la que representa, y que sufrió la situación de violación y abuso entre los años 2011 y 2016, y su "malestar por el injustificado retraso" de los hechos denunciados hasta llegar a los tribunales.

Según informa la AUGC los hechos se remontan a 2010, cuando el sargento y la guardia civil mantuvieron una breve relación sentimental que se terminó en 2011 al decidir el sargento retomar la relación con su esposa. Meses más tarde el sargento decidió reanudar la relación con ella, si bien la compañera se negó, comenzando un "calvario personal" que se prolongó hasta 2016, fecha en la que la mujer cayó en depresión y decidió denunciar los hechos con el apoyo de la AUGC y sus servicios jurídicos.

Durante ese tiempo, y según la asociación de guardias civiles, la víctima fue acosada con correos, llamadas telefónicas, apariciones en el domicilio a horas intempestivas utilizando la coacción, el insulto, las vejaciones e incluso las amenazas con armas para conseguir encuentros sexuales, utilizando para ello el abuso de autoridad. En este periodo y a causa de las violaciones, la mujer se quedó embarazada y fue obligada a abortar por el sargento bajo amenaza, coacción e intimidación, según la AUGC.

También en esos años, la víctima sufrió cambios de horarios innecesarios, de puesto de trabajo y acoso laboral. Los hechos los denunció internamente en el cuerpo un teniente y otro guardia civil, ya que la mujer no fue capaz de hacerlo al estar, según dice la asociación, "hundida física y psíquicamente, con miedo a perder su trabajo y vergüenza de relatar los hechos en un cuerpo jerarquizado". Finalmente, la mujer causó baja médica en 2015 por su situación física y psíquica de gravedad y puso los hechos en conocimiento de la Delegación de Murcia de la AUGC.

Desde entonces ha sido asistida por los servicios jurídicos de la asociación, que después de siete años ha presentado las denuncias pertinentes. La próxima semana se iniciará el juicio al sargento, que se prolongará hasta el 26 de mayo, y en el que la AUGC ha solicitado al fiscal militar penas superiores a 22 años de cárcel. En opinión de la AUGC, estos hechos deberían ser juzgados por la justicia ordinaria pero finalmente será la justicia militar la que lo haga, "con una lentitud excesiva y suspensiones anteriores de juicios. Una dilación que va en beneficio del presunto autor y supone un martirio para la situación física y psíquica de la guardia civil".