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Luisa Heredia, una vecina del barrio García Grana de Málaga, ha comenzado este martes una huelga de hambre frente al Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) para exigir una solución habitacional a su posible desahucio.
El pasado 7 de marzo se paralizó un primer intento de desalojo de Luisa y sus cuatro hijos, de los que tres son menores y una de estos, de 8 años, sufre espina bífida.
Ahora le han concedido un nuevo plazo hasta el 8 de mayo para abandonar la vivienda que okupa desde hace varios años, tras una demanda previa que se interpuso en 2018 contra otra okupa que dejó la vivienda meses después.
Luisa Heredia ha asegurado a EFE que solo quiere "un techo bajo el que poder vivir” y que se encuentra en “una situación de desamparo por parte de las instituciones”.
El Ingreso Mínimo Vital y la ayuda por la enfermedad de su hija son las únicas cantidades que cobra Luisa, que subraya que no se niega "a pagar”, pero necesita “ayuda” y alguien que le ofrezca una renta a la que le pueda hacer frente.
En 2014, tras el nacimiento de su hija y las complicaciones médicas que se generaron a raíz de su enfermedad, se le pasó el plazo estipulado para renovar la solicitud para la concesión de una vivienda de protección social que presentó en 2005, por lo que perdió la antigüedad que favorece en el sorteo de selección.
Heredia afirma que ni desde el Ayuntamiento ni desde el IMV obtiene respuesta a sus llamadas y visitas, y tampoco le atendieron en el Juzgado de Instrucción que lleva su caso, donde se personó para intentar aclarar su situación judicial.
Ha decidido acudir al IMV junto a familiares, como su hermana Soraya, que resalta cómo Luisa “lleva esperando una casa durante muchos años”, y otras afectadas, así como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, y piensa ayunar y pernoctar delante del edificio hasta que le den una casa.
El gerente del IMV, José María López Cerezo, se ha reunido brevemente en la puerta con Luisa y ha asegurado que desde el Instituto “conocen su caso y están trabajando en ello e intentando negociar con los propietarios para conseguir un alquiler social”.