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El día 15 de abril se celebra en España el Día del Niño con el objetivo de promover los derechos de los menores y concienciar a la sociedad sobre la importancia de protegerlos.
Esta fecha fue elegida expresamente por nuestro país –al igual que ocurre en otros estados–, ya que el Día Internacional de la Infancia se celebra el 20 de noviembre. No obstante, ambas citas tienen el mismo objetivo: proteger los derechos del menor con el objetivo de forjar un futuro mejor para los niños.
El año 1989 resultó clave para la protección de los niños y niñas de todo el mundo, ya que fue entonces cuando se aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño –entró en vigor al año siguiente–. Este texto y junto a la Constitución Española son las bases sobre las que se ha venido trabajando desde entonces en nuestro país. No en vano, en el artículo 39.4 de nuestra Carta Magna se expone lo siguiente: “Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos”.
El principal de los tratados que menciona la Constitución es la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual está ratificada por todos los países del mundo con la excepción de Estados Unidos y Sudán del Sur. En ella se cambió el planteamiento que había imperado hasta entonces, puesto que supuso “una transformación del enfoque tradicional que atribuye a los niños el papel de receptores pasivos del cuidado protector de los adultos para reconocerlos como protagonistas activos, con derecho a participar en las decisiones que afectan a sus vidas”, explica la web del Defensor del Pueblo.
Respecto al modo en que se han de proteger los derechos del menor, la Convención se ha convertido en el marco de referencia durante las tres últimas décadas. “Al haber aceptado cumplir las normas de la Convención, los gobiernos están obligados a armonizar sus leyes, políticas y prácticas; a convertir estas normas en una realidad para todos los niños; y a abstenerse de tomar cualquier medida que pueda impedir o conculcar el disfrute de estos derechos”, detalla UNICEF. Este organismo también apunta la obligatoriedad de los estados a presentar informes periódicos a un comité de expertos independientes con el objetivo de mostrar los progresos que se han llevado a cabo en esta materia.
Como hemos comentado, España ratificó los derechos del menor, con lo que sus políticas han de estar en consonancia con lo acordado en la Convención. Esto se ha venido reflejando en las diferentes leyes que se han promulgado en nuestro país. En la última de ellas, la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, se deja claro que “los poderes públicos tienen la obligación de desarrollar actuaciones de sensibilización, prevención, asistencia y protección frente a cualquier forma de maltrato infantil, así como de establecer aquellos procedimientos necesarios para asegurar la coordinación entre las administraciones públicas competentes”.
Así pues, el texto de esta ley responde a la pregunta de quiénes se encargan de la protección de estos derechos. En él podemos leer que “la Autoridad Central Española debe garantizar el cumplimiento en estos casos de los derechos del niño y asegurarse que la medida de protección que se pretende ejecutar en España proteja su interés superior”.
Por lo tanto, son las autoridades de cada país las que se deben encargar de proteger los derechos enunciados en la Convención de 1989. Como cabe esperar, la atención de los países es desigual y son muchos los que no cuentan con los mecanismos existentes en lugares como España, donde se encuentra en marcha el Observatorio de la Infancia, un grupo de trabajo que tiene como misión “vigilar y hacer seguimiento del bienestar y calidad de vida de la población infantil y adolescente”.
Para realizar un seguimiento de la situación de la infancia a lo largo y ancho del globo terráqueo, la Convención creó un Comité de los Derechos del Niño, que se encarga de examinar los informes que se solicitan a los gobiernos para después realizar recomendaciones. Además, tiene la capacidad de pedir asistencia internacional de otros estados, así como asistencia técnica por parte de organizaciones supranacionales, como es el caso de UNICEF.
Como hemos comentado, los derechos de los menores en nuestro país están más protegidos que en otros estados, aunque eso no quiere decir que no haya trabajo por hacer. Según los datos recogidos por la organización sin ánimo de lucro Plataforma de Infancia, “el riesgo de pobreza infantil en España ha aumentado del 27,4 % en 2020 al 28,9% en 2021, representando la cifra más alta de pobreza infantil en los últimos 5 años”.